Se reunió la Junta Directiva y analizó el nuevo esquema de agregados monetarios y de bandas cambiarias del BCRA.
Los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) ya dieron por perdido 2018. Más allá de las estadísticas oficiales, los directivos se manejan con datos propios que hablan de una caída de la actividad industrial del 2,3% para este año, con una contracción para el último trimestre del 5%. Tan solo entre agosto y setiembre se registró, de acuerdo con la UIA, un retroceso del 4,8% .
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Los datos fueron presentados por el titular del Centro de Estudios de la central, Pablo Dragún, en el marco de la reunión de la Junta Directiva, que incluye a representantes de cámaras sectoriales y entidades del interior del país.
El economista explicó ante los empresarios los fundamentos del nuevo esquema de agregados monetarios del Banco Central y la banda cambiaria. En el primer caso, bajo la premisa de no emitir más dinero hasta junio del año próximo, en el segundo, defendiendo un piso de $34 y un techo de $44
La presentación incluyó otros temas como la importancia de estabilizar el conjunto de variables financieras (tipo de cambio, reservas y riesgo-país).
Los directivos de la Unión Industrial comprenden la necesidad de terminar la volatilidad pero aspiran a que el BCRA baje rápidamente las tasas de interés una vez conseguido el objetivo.
En el informe del CEU se destacó que el esquema monetario vigente podría extender las tasas elevadas durante más tiempo que el esperado, complicando la sostenibilidad del entramado pyme e industrial.
Los industriales volvieron a advertir sobre un potencial quiebre de la cadena de pagos en las pequeñas y medianas empresas, como fruto de la política de Guido Sandleris destinada a estabilizar al dólar.
El informe final de la Junta indica que "se abordó la preocupación existente por el incremento en el costo de la energía, particularmente del gas, que afecta en especial a las Pequeñas y Medianas Industrias".
El comunicado señala que "las PyMEs no están en condiciones de absorber aumentos retroactivos en el costo energético, con el riesgo jurídico que esto representa", sumándose así al coro de sectores que expresaron su queja ante el Gobierno.
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