1 de diciembre 2015 - 00:22

Última cita del Gobierno con Griesa

• A LAS 14.30 HABRÁ UNA AUDIENCIA PARA ACOTAR SU FALLO A LOS BONISTAS ORIGINALES QUE INICIARON LA DEMANDA EN 2004

 El juez del distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, mantendrá hoy la última reunión con funcionarios del Gobierno argentino actual para avanzar en una solución al litigio que aún sigue vigente por los bonos en default.

En esta oportunidad, el magistrado tratará de determinar el número de tenedores originales de una denuncia inicial de acción colectiva de bonistas, que data desde el 2004. Se trata de bonistas que no ingresaron a los canjes 2005 y 2010, en el marco de una presentación formulada para incluirlos en una acción colectiva contra la Argentina. En agosto pasado, la Corte de Apelaciones le ordenó a Griesa acotar un fallo anterior solamente a este tipo de bonistas "originales".

Con información solicitada a bancos, el juez intentará precisar el alcance y el volumen de los bonos en default del grupo en cuestión, a fin de estimar el daño y evaluar el monto del resarcimiento más el pago de intereses de la deuda.

Estos bonistas buscan plegarse al resarcimiento previsto por el juez Griesa para los fondos buitre que ganaron con el fallo "pari passu".

Para reunir esta información Griesa autorizó a los holdouts adelantaron a remitir pedidos a entidades como la Caja de Valores, Euroclear, y las entidades Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) y Deposit Trust Company de EE.UU., además de solicitar información a Japón y Hong Kong.

La segunda audiencia, será el próximo 17 de diciembre, y tendrá a Mauricio Macri como presidente en funciones. Se trata de un encuentro que tratará la emisión de Bonar 24, la que se debatirá si la colocación tiene carácter de internacional y por ende puede o no estar sujeta a sus fallos de bloqueo, según consignaron agencias internacionales.

La emisión total de este título se extendió a unos 5.500 millones de dólares, de los cuales 3.200 millones fueron para pagar YPF y luego se hicieron otras tres colocaciones por unos 2.300 millones de dólares. Los acreedores le solicitaron a Griesa que, aunque los títulos fueron emitidos bajo ley local, la operación debe ser calificada como "deuda externa" y por ende puede estar alcanzada por las cláusulas de bloqueo que el magistrado mantiene sobre los servicios de deuda reestructurada del país.

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