Las «comisiones militares» encargadas de juzgar a los detenidos de Guantánamo difieren de las cortes federales estadounidenses y de los tribunales militares, y son muy criticadas por no respetar los principios legales fundamentales del país.
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Estas comisiones, creadas en 2006 por el Congreso, han sido utilizadas en dos juicios: contra Salim Hamdan -ex chofer de Osama bin Ladencondenado a cinco años y medio de prisión en agosto, y contra Ali Hamza Ahmad al Bahlul, propagandista de la red terrorista, condenado a perpetua.
Las «comisiones militares» consideran como legítimas las declaraciones de los acusados obtenidas mediante coacción e incluso bajo tortura en algunos casos, y corresponde a la defensa demostrar que la coacción superó lo aceptable.
Aceptan también las «pruebas indirectas», es decir obtenidas de testigos que no comparecen ante el tribunal para confirmarlas, una práctica totalmente prohibida tanto en las cortes federales como en las marciales.
Dado que muchas pruebas están clasificadas como secreto de Estado, si el Gobierno pide el juicio a puerta cerrada, el juez no puede negarse.
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