Un descalabro inédito en el país

El descalabro que se está generando con las tarifas de gas es inédito en el país y es difícil prever cómo va a terminar, aunque sin duda deja a la Corte Suprema en una posición incómoda en una cuestión de alta sensibilidad social. La situación tiene los siguientes antecedentes:

• A partir del 1 de abril el Gobierno puso en vigencia nuevos cuadros tarifarios para el gas, a través de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía, y de otras del Enargas para cada región del país. Este ajuste significó un alza del 200% a 380% para hogares en las jurisdicciones que venían pagando los aumentos dispuestos en 2014 por el Gobierno anterior, como Capital Federal y Gran Buenos Aires. Pero implicó un incremento de 1.300% y más para hogares de la Patagonia y La Pampa, que estuvieron excluidos de las subas de 2014, y para otras provincias como Mendoza que no las pagaban por decisiones judiciales.

• Por el reclamo de gobernadores y los primeros amparos de la Justicia, el Gobierno dispuso una primera corrección y por la Resolución 99 fijó que la suba para hogares tendría un tope del 400% y del 500% para industrias si se mantenía igual consumo que en el mismo bimestre del año anterior. Para los que venían pagando los aumentos de 2014, esta disposición no tenía relevancia.

• Por el adelantamiento del invierno, el consumo residencial se disparó en todo el país y a partir de mediados de junio los hogares empezaron a recibir facturas con incrementos muy superiores a los máximos anunciados. El Gobierno hizo la segunda corrección por la Resolución 129 que fija los mismos topes pero sobre los montos en pesos pagados en el mismo período del año anterior, independientemente del nivel de consumo. La medida implica la incongruencia de que el residencial con más aumento en los metros cúbicos utilizados es el que resulta más premiado.

• Las correcciones rigen hasta el 31 de diciembre, de modo que si hay un dictamen favorable de la Corte, a partir del 1 de enero regirán las tarifas vigentes desde el 1 de abril sin atenuantes.

• La Resolución 129 se publicó después de que la Cámara de La Plata anuló la 28 y la 31, pero no se está aplicando porque las distribuidoras de gas dejaron de emitir facturas luego de ese fallo. El paliativo ofrecido por el Gobierno significa multiplicar por 5 lo pagado el año anterior: en promedio de $400 a $2.000 en el caso de una familia tipo que se calefacciona a gas.