"Transmití la indignación del Gobierno brasileño con estos hechos y manifesté que la violación de las comunicaciones de la presidenta es inadmisible, inaceptable, y constituye una violación de la soberanía brasileña", declaró en una conferencia de prensa.
Figueiredo, que exigió a la Casa Blanca dar explicaciones esta semana, sugirió que una visita de la presidenta Dilma Rousseff a Washington estaba por ahora en el aire. "El tipo de reacción dependerá de la respuesta que sea dada", agregó al ser consultado sobre el viaje.
La rápida reacción y el tono fuerte del jefe de la diplomacia brasileña ante la primera crisis que le toca enfrentar a cargo de la diplomacia brasileña contrastó con la postura más medida de quien lo antecedió hasta la semana pasada en el puesto, Antonio Patriota.
El nuevo canciller, que asumió con la obligación de corregir la política externa y subordinarla más al Palacio del Planalto, mostró así su predisposición a cumplir con el mandato implícito de Rousseff: alejarse de la anterior gestión y rescatar a Itamaraty de su peor crisis interna.
"Él debe entender que ya hace tiempo que la política externa no está confinada a Itamaraty", observó Belem Lopes en un artículo publicado ayer en Folha de Sao Paulo.
Patriota cumplió bien uno de sus cometidos, recomponer el vínculo con Washington. Pero con el paso de los años, la postura de Brasil se debilitó demasiado ante Estados Unidos.
"La política externa iniciada en 2003 por Celso Amorim -durante la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva- fue positiva, pero el período de Patriota fue un punto de inflexión negativo, su gestión estuvo marcada por la tolerancia hacia Estados Unidos", afirmó Valter Pomar, de la secretaría de asuntos internacionales del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Con este nuevo escándalo por el espionaje estadounidense, los medios locales recordaron el enojo de Rousseff cuando su excanciller declaró que jamás concedería asilo al exanalista Edward Snowden, luego de que el topo revelara que Estados Unidos había montado una central de inteligencia en Brasilia, donde fueron interceptados millones de mensajes.
Figueiredo deberá solucionar la disonancia entre el Ejecutivo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, similar a la que se observó en 2003, cuando Marco Aurelio García fue designado por Lula da Silva como asesor especial para asuntos internacionales.
Ese nombramiento fue percibido en aquel momento por los diplomáticos de carrera como un recorte del poder de Itamaraty, dado que García, un antiguo dirigente del PT, asumió el comando de la agenda de Brasil para América Latina.
Después de algunos meses de desencuentros, García y el entonces canciller Amorim dejaron las diferencias de lado y la diplomacia brasileña vivió un período de singular protagonismo.
| Agencias ANSA y EFE, y Ámbito Financiero |
Dejá tu comentario