Un fiscal del “Lava Jato” desveló un plan político para desmontar la causa

Se especula con que en pocos días se levante el secreto de sumario a las confesiones de 77 exejecutivos de Odebrecht en las que se deja en evidencia a los funcionarios que se beneficiaron con sobornos de la constructora.

El elegido. El polémico ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, fue nominado por el presidente Michel Temer para ocupar la vacante en la Corte Suprema. Al menos la mitad de los legisladores que evalúan su nominación están bajo la lupa de la Justicia.

Brasilia - A pocas semanas del relanzamiento de la investigación "Lava Jato", que involucra a centenares de funcionarios de Brasil, Fernando de Santos Lima, coordinador de equipo de fiscales anticorrupción, denunció que está en curso un plan, con apoyo de casi toda la "clase política", para desmontar la causa.

"Los políticos están buscando permanentemente alguna forma de amnistía, ellos trabajan hasta de noche en el Congreso para tal fin, no estoy en condiciones de decir si eso va a ocurrir o no va a ocurrir", afirmó Santos Lima, en declaraciones que despertaron alarma. "No tenemos dudas de que están interesados en desconstruir la operación Lava Jato, eso lo sabemos", prosiguió.

El letrado coordina el equipo de procuradores federales que integra la llamada "fuerza de tareas" que acompaña al famoso juez anticorrupción Sergio Moro, de la primera instancia federal del estado de Paraná.

Iniciada en 2014, el "Lava Jato" procesó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y condenó a los principales ministros de su Gobierno (2003-2010).

La "investigación ya alcanzó su objetivo que era revelar a la población lo que ocurría. Y somos conscientes de que se quieren imponer limitaciones a las puniciones" de los responsables, declaró.

A fines de enero el Supremo Tribunal Federal (STF) aprobó las "delaciones premiadas" de 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht, la principal empresa involucrada en el escándalo, que serán divulgadas en los próximos días cuando sea levantado el secreto del sumario. En esas confesiones de los exaltos cargos de Odebrecht se detallaría el pago de sobornos a unos 200 políticos de todo el arco parlamentario para que estos facilitasen nuevos contratos y legislaran en favor de la compañía. De acuerdo con informaciones de la prensa, en esas confesiones aparece citado decenas de veces el presidente Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), varios ministros y senadores del oficialismo.

A partir de ahora, el juez Luiz Edson Fachin -instructor del caso en el STF- se encargará de abrir más procesos si la Fiscalía ve indicios de nuevos delitos en virtud del contenido de esas declaraciones. En ese sentido, Santos Lima afirmó que cuando tomen estado publico las declaraciones de los arrepentidos se desatará un"tsunami de revelaciones" y que no serán muchos "los que logren sobrevivir" al impacto de esas confesiones.

En paralelo, unos documentos publicados en diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron que Odebrecht pagó, además, unos u$s788 millones en comisiones ilegales por más de cien proyectos en doce países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.

El escándalo ha salpicado a las más altas esferas de la política latinoamérica, incluidos varios presidentes y antiguos mandatarios, quienes fueron acusados de haber recibido sobornos o verse favorecidos por ellos en sus campañas electorales.

En ese contexto, una comisión del Senado que tiene entre sus miembros a políticos investigados por corrupción analizará hoy la candidatura del polémico ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, a ocupar una plaza en el STF.

De Moraes fue propuesto por Temer para suplir la vacante abierta por la muerte en un accidente aéreo del magistrado Teori Zavascki, antiguo instructor de la investigación de la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras (un lugar ocupado actualmente por Fachín).

El ministro, de 48 años y que hoy será interrogado por los senadores, es un jurista de "línea dura", ideológicamente volcado a la derecha y con un carácter explosivo que le ha valido más de una polémica en los cargos públicos que ha ocupado.

Su gestión como ministro comenzó en mayo de 2016, cuando Temer asumió el poder tras la destitución de Dilma Rousseff, y ha estado marcada por una grave crisis penitenciaria, que dejó casi 150 muertos en reyertas, y recurrentes huelgas de policías.

De Moraes está identificado con partidos oficialistas implicados en la trama de Petrobras y que son mayoritarios en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, que examinará la propuesta de Temer y la someterá luego al pleno de esa cámara, que entre sus 81 miembros tiene 44 sospechosos de incurrir en prácticas corruptas.

De los 27 titulares y 27 suplentes que tiene la comisión, diez son investigados en el STF por su supuesta participación en los delitos de corrupción detectados en la petrolera y otro tiene en suspenso una condena a casi cinco años por fraudes en licitaciones. Uno de los investigados es el presidente de esa instancia, Edison Lobao, del PMDB, que lidera Temer y está en el centro del escándalo junto con el PT, de la expresidenta Rousseff.

Agencias ANSA y EFE, y Ámbito Financiero