Estas eléctricas no reciben subsidios del Estado nacional porque tienen aprobada la revisión tarifaria integral que ya se trasladó totalmente a los usuarios, y solo se ajusta semestralmente por índices de inflación.
María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta
El presidente Mauricio Macri anunció ayer que el Gobierno nacional transferirá Edenor y Edesur a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires, y dijo que era "justo" el reclamo del resto de los gobernadores en ese sentido. El que había hecho el planteo fue el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en los días en que se debatía la ley después vetada que retrotraía a noviembre pasado los aumentos de tarifas.
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Sin embargo, Edenor y Edesur no están subsidiadas por el Estado nacional, por lo cual el traspaso no implicará gastos para la provincia y la Capital Federal. La verdadera discusión que estuvo planteada en las últimas semanas es si el Estado nacional va a transferir o no a esas jurisdicciones AySA y el transporte automotor y ferroviario de pasajeros, porque en ambos casos hay fuertes erogaciones de la Nación.
Según los datos de ASAP correspondientes al primer semestre de este año, la Nación gastó $23.070 millones para subsidiar el transporte automotor de pasajeros, cifra que corresponde en más de un 95% a Capital Federal y Gran Buenos Aires, y destinó $18.258 millones para el transporte ferroviario en la misma zona. Además, el Estado nacional transfirió a AySA en el primer semestre $921,4 millones para gastos de capital, es decir para concretar obras que no pueden ser cubiertas con los ingresos corrientes de esa compañía.
"Le estamos traspasando Edenor y Edesur a la provincia de Buenos Aires porque es más justo, porque es la manera de ir equilibrando el gasto estatal para que el Estado no se vuelva una mochila", sostuvo ayer Macri en declaraciones a la radio Cadena 3 de Córdoba. Añadió que "hay un reclamo lógico de las provincias sobre los subsidios que recibe la provincia y la Ciudad de Buenos Aires".
Edenor y Edesur dependen hasta ahora del Estado nacional y son controladas por el ENRE que es un organismo regulador de carácter nacional que controla el transporte en todo el país y solo a esas dos distribuidoras.
El traspaso a jurisdicción provincial puede derivar con el tiempo en distintos criterios para una misma empresa por
su operación en Capital o en el Gran Buenos Aires. Pero no le ahorra costos al Estado nacional porque las dos firmas tienen autorizada una revisión tarifaria integral que les asegura ingresos hasta 2021.
Si el esquema tarifario aprobado no pudiera sostenerse en el tiempo, los gobiernos locales deberán renegociar con Edenor y Edesur para encontrar un mecanismo que respete los contratos firmados.
Este malentendido político
está originado en que las provincias, y en particular Córdoba,
siguen teniendo tarifas eléctricas más caras que en Capital
Federal y GBA, aun cuando en este Gobierno, al igual que en
el anterior, el precio mayorista de la energía es igual en todo el país.
La diferencia se debe a que los gobiernos provinciales autorizaron aumentos mientras Edenor y Edesur tuvieron las tarifas relativamente congeladas hasta 2016. Luego, las distribuidoras que dependen del Estado nacional tuvieron aumentos y hasta se concretó la revisión tarifaria integral para el quinquenio 2017-2021 a cambio de un plan de obras, pero incluso todavía hoy en las provincias hay tarifas más caras.
Dicho de otra forma, las tarifas son más caras en el interior por los márgenes que perciben las distribuidoras provinciales, fijados por cada jurisdicción, o por los gravámenes locales. La diferencia entre las tarifas solo debería ser la que se explica porque es menos costoso operar una red para una gran población altamente concentrada que para una pequeña y con los usuarios dispersos.
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