Un país desquiciado por la politización de su Poder Judicial

Luego de la disputa, el peso recaerá ahora sobre el Supremo Tribunal Federal (STF), que se encuentra polarizado.

FUERA. Es poco probable que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva pueda ser candidato para las elecciones de octubre.

El insólito domingo de super acción en Brasil, con un país en vilo ante una guerra de competencias sin precedentes entre jueces y con la libertad de Luiz Inácio Lula da Silva en juego, fue el producto de una puja que, por encima de todo su contenido jurídico, es ante todo eminentemente política.

Como se sabe, el juez Rogério Favreto, del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región sorprendió al aceptar un recurso de habeas corpus presentado por tres diputados del Partido de los Trabajadores en favor del expresidente, quienes reclamaron que aguardara en libertad hasta el agotamiento de sus recursos.

Todo fue oportuno: el hombre, un exfuncionario de los Gobiernos de Lula, estaba justamente de turno para recibir el pedido.

Poco después, el juez federal Sérgio Moro, responsable de la operación Lava Jato desde su juzgado de Curitiba, estado de Paraná, hizo saber que Favreto es "totalmente incompetente" para entender en la cuestión.

La curiosidad es que Moro, además de estar de feria, es un juez de primera instancia que pretendió desconocer la decisión de un juez de alzada. Pero eso, elocuente acerca del caos que impera en la Justicia brasileña, fue solo el movimiento perceptible de una jugada más ambiciosa que implicó la movilización de todos los recursos que la Lava Jato tiene diseminados hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados (Policía Federal, Procuración) del sistema.

Quien recogió el guante fue el juez João Pedro Gebran Neto, el relator de los casos de esa operación anticorrupción en el TRF4, quien dejó sin efecto la decisión de Favreto.

Para cerrar, este último dio a la Policía Federal una hora de plazo para que liberara al expresidente, ultimátum que se cumplió sin pena ni gloria, exponiendo, para bien y para mal, la plena autonomía de ese organismo, lo que en este caso supone desobedecer las normas que la obligan a hacer efectivo un habeas corpus decidido por un juez de turno.

El desquicio del sistema judicial brasileño es producto de su perniciosa politización.

La actuación de Moro en este caso, el del tríplex de Guarujá, una supuesta coima de la constructora OAS a cambio de contratos en Petrobras, tiene numerosos puntos controvertidos, pero eso es algo que en su momento deberán revisar las más altas instancias judiciales.

Lo que resulta difícil de entender es que la premura de un sector de la judicatura en avanzar contra la corrupción con métodos polémicos se haya convertido en un Fla-Flu en el que están en juego nada menos que libertades individuales básicas.

Finalmente, por encima de todo, lo es que eso haya dividido aguas en la que se supone es la última instancia del sistema: el Supremo Tribunal Federal.

En efecto, las prisiones en segunda instancia, antes de que haya sentencia firme, han sido parte del instrumental de Moro y de la operación Lava Jato como elemento de presión para la producción en serie de "delatores premiados", quienes accedieron a beneficios procesales a pesar de sus fechorías por señalar a peces más gordos. Las prisiones preventivas injustificables y prolongadas y los "escraches" de los sospechosos en lo que el propio Moro definió en su momento como "medios amigos" fueron las otras.

El problema es que el comienzo del cumplimiento de las penas de prisión tras fallo de segunda instancia es jurisprudencia, no ley y mucho menos Constitución. Y que la misma nació al calor de la presión judicial y popular por una justicia punitivista contra los corruptos.

En su artículo 5°, inciso LVII, la Constitución de Brasil establece el principio de presunción de inocencia al ordenar que "nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria". "Tránsito en juzgado" es, ni más ni menos, que el agotamiento de las posibilidades de apelación.

Ese debate volvió a estallar, con el caso de Lula, en el STF, en el que se sabe que hay una nueva mayoría de 6 a 5 a favor de abandonar el punitivismo y volver al garantismo.

La presidenta del STF, Cármen Lúcia Antunes Rocha, es el tapón para llevar el tema al pleno, mientras que el ala garantista presiona, sueña con imponer su planteo el mes que viene tras el fin de la feria judicial y, como mucho, aguarda a que uno de sus hombres, Dias Toffoli, asuma la titularidad del cuerpo en septiembre.

Todo está politizado en la Justicia brasileña.

Lo están quienes persiguen la corrupción cerrando los ojos ante la Constitución en pos del "bien supremo" de sacar de la cancha a Lula para las elecciones de octubre.

Lo están los jueces que conceden habeas corpus presentados por diputados del Partido de los Trabajadores "justo" cuando están de turno.

Lo están los jueces que desafían instancias superiores con comunicados desde su lugar de vacaciones. Lo están los policías federales que deciden convertir en obsoleto el instituto del habeas corpus, cruzándose de brazos cuando reciben órdenes en ese sentido de los magistrados que tienen la función de dictarlos.

Y lo está un Supremo partido en dos alas irreconciliables, punitivista una y garantista la otra, probablemente partes interesadas ambas, que posterga insólitamente un debate crucial sobre el principio de presunción de inocencia mientras arranca las hojas del almanaque electoral.