Un serio conflicto que se extiende a otras fuerzas

El descontento de los uniformados de Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas por la recomposición salarial explotó en el seno de una de ellas: la Prefectura. La protesta con acuartelamiento de efectivos comenzó en la Unidad Cinturón Sur 24 (barrio de La Boca) y se extendió al Grupo Albatros, tropas de elite, un cuerpo de fuerzas especiales de los prefectos, también en Zárate, Tigre y La Plata. Según denunciaron, la aplicación del Decreto 1.307/12, que fijó nuevas escalas (salario mínimo) y suplementos nuevos, les significó a algunos efectivos un recorte de «entre el 30 y el 60 por ciento» en sus haberes. La reducción en los salarios alcanzó valores de hasta 2.900 pesos, mencionó un joven suboficial. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, salió a poner el pecho a la protesta, y la ministra Nilda Garré, por medio de un comunicado que elaboró el vocero Diego Llumá, reconoció el «descontento en sectores focalizados de la institución» por la aplicación del Decreto 1.307 y aseguró estar mediando para revertir la situación.

El mismo efecto de mal humor corroe las filas de la Gendarmería y de las tres Fuerzas Armadas, y se generó tras la publicación en el Boletín Oficial de los decretos que pusieron en vigencia las escalas de salario mínimo, y la eliminación de varios suplementos no remunerativos que fueron reemplazados por suplementos por «responsabilidad jerárquica» y «administración de material» (para Fuerzas Armadas) y de «responsabilidad por cargo», «por función intermedia», «por cumplimiento de tareas específicas de seguridad» y «por mayor exigencia del servicio» (para Gendarmería y Prefectura).

El Gobierno llegó a la decisión de rectificar la política salarial tanto de las Fuerzas Armadas como de seguridad por la presión de una avalancha de juicios del personal en actividad y en retiro, que demandaba la inclusión de las sumas no remunerativas en los haberes. Los litigios atestaban los juzgados de previsión social desde la época en que el entonces ministro Domingo Cavallo creó la nefasta figura de la suma no remunerativa para otorgar aumentos de sueldo que alcanzaban sólo a los activos. Con esos suplementos, como por ejemplo una compensación por vivienda (ahora derogada), se evitaba trasladar los aumentos a los retirados. La Corte Suprema respaldó esos reclamos en los fallos de los casos Salas y Zanotti, y dio luz verde a la incorporación de los complementos no remunerativos al haber.

Los decretos 1.305/12 (Fuerzas Armadas y personal de agentes de Inteligencia) y 1.307/12 (Gendarmería y Prefectura), que llevan las firmas de la presidente Cristina de Kirchner; del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; de la ministra Garré y del ministro de Defensa, Arturo Puricelli, establecen límites a la posibilidad de asignar esos suplementos particulares a los integrantes de ambas fuerzas.

De la aplicación de esos límites se dieron miles de casos de diferencias sustanciales (en menos) del haber de bolsillo que percibían antes de la vigencia de esa norma.

La decisión cayó mal en otro sector sensible, el de los agentes civiles de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (PCI, en la jerga castrense); ya hay más de un centenar de recursos administrativos de queja, primer eslabón antes del planteo de juicio contra el Estado por errónea liquidación de haberes.

La bronca contenida en los cuarteles tiene un condimento más: la propia Presidente había comunicado a los militares durante la cena de camaradería, en julio pasado, una suba salarial que se ubicaría en torno al aumento que habían firmado meses atrás los sindicatos de empleados estatales nacionales, que fue del 21 por ciento. Nunca llegó.