Una de cada tres parejas evita el matrimonio

La discusión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo puso nuevamente en evidencia que cada vez menos personas eligen contraer matrimonio. Según datos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), una de cada tres parejas no se constituye en matrimonio. Lo paradójico es que, mientras cada vez menos parejas formalizan su relación, importantes derechos y obligaciones siguen reposando sobre esta institución.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, para los años 1974 y 2009, referidos a Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, permiten observar que en 1974, el 65% de las personas mayores de 20 años estaba unido habiendo celebrado un matrimonio legal, mientras que en 2009 sólo el 41% estaba viviendo en pareja habiendo cumplido con las formalidades.

Por su parte, en 1974, el 30% de los mayores de 20 años declaraba estar sin pareja (soltero, separado o viudo), mientras que en 2009 el 40% está sin conformar pareja. Además, en 1974, sólo el 5% de los mayores de 20 años estaba unido en concubinato, mientras que en 2009 en esta situación se encuentra el 19% de las personas. Sin embargo, el dato más notable es la fuerte caída en la proporción de personas que, cuando deciden vivir en pareja, formalizan la relación con el matrimonio. Mientras que hace 35 años sólo una minoría vivía en concubinato, en la actualidad prácticamente una de cada tres personas en pareja no formaliza su relación a través del matrimonio.

«Según las leyes vigentes, muchos e importantes derechos y obligaciones reposan sobre la figura del matrimonio legalmente constituido. En la medida en que estas normas no se adecuan a la dinámica social, la cual muestra un uso cada vez menos frecuente del matrimonio, se generan costos, conflictos e injusticias. Por ejemplo, las normas previsionales cobijan el derecho del conviviente a obtener la pensión en análogas condiciones que el cónyuge. Sin embargo, al ser una situación de informalidad el ejercicio de este derecho queda condicionado o se cercena ante la discrecionalidad del funcionario público que tiene la potestad de definir la validez de las pruebas que avalarían la existencia de la convivencia», resalta el informe de ADESA.