Una conquista "simbólica" que promete otra batalla judicial

• En horas reclamará entrega. Pagos, dictamen y tribunales

Antes de volar al sur, Cristina de Kirchner firmó ayer un decreto para fulminar otro de Carlos Menem. En un instante, dispuso la «restitución» al Estado del predio de la Sociedad Rural, de casi 12 hectáreas, vendidas algo más de 20 años atrás en u$s 30 millones.

En estas horas, el Gobierno notificará a los «propietarios» para que hagan entrega «inmediata» del inmueble a pesar de que el Decreto 2.552 no estipula plazos para tomar el control. Prefiere, de hecho, la figura de tiempo «prudencial», tal vez preparado para una contraofensiva.

Por el mismo motivo, anoche tampoco había certezas en Casa Rosada respecto de qué uso le dará el Estado al predio en el futuro. En rigor, el Gobierno entrevé que se avecina una batalla en los tribunales que podría estirarse durante varios meses.

De mínima, haya o no resistencia a la entrega, será inevitable una disputa judicial por una razón simple: el Gobierno no expropió la Rural, sino que la «restituyó», por lo cual no contempla, a priori, un pago para sus actuales dueños.

Sin embargo, hay un atajo. Como desde el 91 hasta la fecha los propietarios hicieron inversiones, que en la SRA estiman en u$s 100 millones, se habilitó la instancia de «posibles compensaciones», aunque, a la vez, también calcularán el usufructo del predio durante dos décadas.

El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, fue el encargado de anunciar la medida justo antes de que la Presidente se embarque con destino a Santa Cruz, donde pasará, en familia, Nochebuena y Navidad. Su regreso está pautado para el atardecer del 25.

La figura que ayer usó el Gobierno fue otra. Decidió anular la venta dispuesta por Menem y Domingo Cavallo y, como efecto dominó, invalidar las operaciones posteriores (ver aparte). El trámite se accionará desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado, creada en agosto pasado.

Alberto Vulcano, nombrado por Cristina al frente del organismo, será el encargado de aplicar el decreto. «La decisión forma parte de una política para darles uso racional a los bienes del Estado», explicó ayer el funcionario.

La matriz política tiene su origen en el Plan Procrear -diseñado por Axel Kicillof y en el que colaboró Vulcano-, una de cuyas terminales dispone «recuperar» los bienes que administraba la ex ONABE para darle destino específico, en muchos casos para construir viviendas.

Se entrevera, además, el factor callejero e ideológico: el kirchnerismo celebró el anuncio como la conquista simbólica de un territorio hostil, como un eco de la guerra gaucha que se desató con la Resolución 125. Sin embargo, en lo formal, el Gobierno prefirió cabalgar sobre dos acciones puntuales: 

Una resolución del juez Sergio Torres, en cuyo juzgado se tramita la causa iniciada en 2001 -que tiene implicados a Domingo Cavallo y directivos de la Sociedad Rural de entonces- contra la venta y las construcciones en el predio, que consideró nula la venta por varios motivos: la transferencia requería una ley del Congreso, pero se hizo vía decreto, y la operación se realizó a un «precio vil». 

Un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, emitido en 2010, establece que la tasación al momento de la venta el inmueble valía u$s 63.615.000 millones, es decir, más del doble de lo que se pagó: $ 30 millones.