Una sentencia con mensajes e ironías herméticas

Conversaciones en voz baja y negociaciones de todo tipo animaron la jornada de ayer en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde desde la mañana, por el simple movimiento de personas y documentos, se avecinaba una resolución trascendente, que requirió incluso de un acuerdo preliminar entre los ministros celebrado en las últimas horas del lunes. Para ese entonces, tal como había adelantado este diario, el fallo ya estaba escrito.

Fue en ese encuentro donde conocieron el resultado final de un extenso cuadro sinóptico desarrollado por sus secretarios letrados que reflejaba que el nuevo ordenamiento del Consejo planteado por el oficialismo no tiene comparación en ninguna Constitución provincial ni latinoamericana. "El único parecido es Bolivia y ahí se inventaron su propia Constitución", comentaron, entretenidos.

El fallo de Carmen Argibay y Enrique Petracchi, en su considerando 13, es jugoso en cuanto a señales e ironías, la más evidente cuando señalan que la Constitución establece una forma republicana basada en contrapeso de poderes y que una lógica distinta sólo puede instalarse luego de una reforma de la carta magna.

Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt también aportaron señales al desarrollar diversas críticas al ordenamiento electoral propuesto en la reforma del Consejo. Una forma de explayarse llamativa si se considera que ya se había declarado la inconstitucionalidad de la norma.

Sorprendieron a los ministros las expresiones recientes de quienes fueron constituyentes en 1994. "La gente del Frente Grande como Eduardo Barcesat decía cosas que no tienen nada que ver con lo que dicen ahora", comentaron, divertidos.

Las objeciones al funcionamiento del Consejo (que comparten tanto Eugenio Zaffaroni como Alejandra Gils Carbó) dieron lugar a un dato poco conocido: es inminente que el Poder Ejecutivo designe allí a un nuevo administrador. En el último plenario se habló de un déficit de más de 200 millones de pesos.

La declaración de inconstitucionalidad del régimen de remoción de jueces fue una señal contundente hacia los gremios de magistrados que en todo momento respaldaron a la Corte, fustigaron los planes del oficialismo cuando los ministros guardaban silencio para evitar ser recusados, y en el caso de la Junta de Camaristas, emitieron un comunicado que Lorenzetti utilizó para negociar con Balcarce 50 la retención de las facultades de superintendencia del tribunal. Anoche, camaristas de todo el país festejaban que el justice haya "cumplido su parte". También existieron dudas en el cuarto piso de la calle Talcahuano: ¿por qué los abogados del Estado no apelaron, en el "per saltum", contra todos los fallos adversos que recibió la reforma y sólo lo hicieron una vez conocido el de Servini de Cubría? Dudas que por momentos remitieron al antecedente de la ley de medios.