Unánime, el Senado aprobó controles al trabajo en negro

Acuerdos en el Senado. El oficialismo admitió cambios en el proyecto original de controles al trabajo informal, y logró así la unanimidad de todos los bloques para aprobar el miércoles la iniciativa. En la foto, los peronistas Miguel Pichetto y Marcelo Fuentes, y el radical Gerardo Morales.

El Senado aprobó el miércoles por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de "Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral", que plantea sanciones y reducciones de aportes patronales para combatir el empleo "en negro". La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo contó con el voto a favor de los 57 senadores presentes durante la votación en general, aunque en particular la oposición planteó disidencias y sugirió modificaciones que fueron rechazadas por el oficialismo.

El proyecto propone la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), donde quedarán registradas las empresas sancionadas por "falta de inscripción del empleador", falta de registración de trabajadores u obstrucción a la labor de la Inspección del Trabajo", ente otras.

Mientras las empresas figuren en el registro "no podrán acceder a los programas de fomento, beneficios o subsidios financiados e implementados por el Estado nacional, ni celebrar contratos con el mismo", así como tampoco podrán acceder a líneas de crédito de bancos públicos.

La iniciativa también fija reducciones en los aportes que realizan las empresas para alentar la contratación de trabajadores.

Las microempresas de hasta 15 trabajadores gozarán de un descuento del 100 por ciento en contribuciones patronales por cada empleo nuevo que tomen, durante el primer año.

Antes de la sesión, el oficialismo introdujo cambios en el proyecto que contemplaron algunas observaciones que se habían realizado durante el tratamiento en la Comisión de Trabajo, la semana pasada.

Uno de esos cambios agrega, como una excepción a las sanciones impuestas por el proyecto, las "razones de interés público debidamente justificadas" por la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Trabajo.

También se agregó que "en los casos de declaración de emergencia regional, el Poder Ejecutivo podrá exceptuar" la aplicación de las sanciones.

Además, se modificó el artículo que establecía un descuento del 25 por ciento de los aportes patronales "para las empresas que empleen a más de 80 personas durante los primeros dos años" y se estableció que sea para empleadores que tengan "hasta 80 trabajadores".

Como miembro informante del oficialismo, la senadora María de los Ángeles Higonet (PJ-La Pampa) aseguró en el inicio de la sesión que el Gobierno "ha buscado siempre la protección de los trabajadores como base de su doctrina justicialista".

"Se han dado pasos muy importantes, se ha reducido el trabajo informal, pero se ve un estancamiento desde 2009", sostuvo la legisladora al justificar la necesidad de aprobar esta iniciativa.

Explicó que el proyecto "tiene herramientas articuladas para atacar el empleo informal de manera integral" y mencionó entre las nuevas medidas la creación del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.

En ese registro figurarán "aquellos empleadores que no registran a sus trabajadores o realizan una obstrucción en el trabajo de las autoridades competentes de inspección, que recurren al trabajo de niños y adolescentes o a la trata de personas para trabajo forzado", detalló.

Entre las pautas que establecerá la nueva ley, Higonet destacó las medidas sancionatorias como la quita de subsidios y de beneficios de créditos hasta la eliminación de bonificaciones impositivas para los empleadores que tengan empleados no registrados.

Mencionó que las empresas que tengan hasta cinco trabajadores se verán beneficiadas con un 50 por ciento de reducción de cargas patronales.

También precisó que habrá un régimen de promoción del trabajo en un plazo de dos años, especialmente dirigido a pymes, que son más del 90 por ciento en el país, y que tendrán una reducción permanente de los aportes si tienen hasta 15 empleados registrados en el primer año y en el segundo año sólo el 25%.

El proyecto también contempla la creación de una unidad especializada de fiscalización, acotó.

En representación del radicalismo, el senador por Santa Cruz, Alfredo Martínez, justificó el apoyo en general de su bloque porque considera que "avanza en ampliar los derechos de los trabajadores", aunque avisó que tienen objeciones en lo particular.

Por el peronismo disidente, la puntana Liliana Negre de Alonso admitió que las medidas "traen algún desahogo porque llevan cierta tranquilidad al sector de los trabajadores que ven que al aliviar las cargas contributivas de su empleador le dan una garantía de permanencia".

Negre de Alonso planteó dudas respecto del proceso de financiamiento, aunque su bloque acompañó en general la aprobación del texto y rechazó algunos artículos específicos.

La iniciativa recibió algunas modificaciones, antes de su aprobación en el recinto, en base a sugerencias de los bloques opositores y del propio oficialismo en el Senado.

Higonet destacó que este proyecto "es una señal concreta y clara, a un día de una fecha muy importante como es el Día del Trabajador, porque además de la dignidad estamos dándole seguridad y garantía".

El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que el proyecto "en pequeños talleres y empresas va a ser un elemento activador y generador de empleo nuevo".

"En la Argentina, los indicadores que son muy precisos en materia de empleo indican una baja notable del empleo en negro. Y, fundamentalmente, subió la generación de empleo en blanco en casi cinco millones de puestos de trabajo", puntualizó.

A pesar de que la votación fue por unanimidad, algunos esbozaron críticas al proyecto, como fue el caso del jefe del bloque del Peronismo Federal, Adolfo Rodríguez Saá, quien remarcó que "esta ley no genera empleo, regulariza el empleo que ya existe, al margen de la ley, pero que ya existe".

Su par del bloque del PRO, Gabriela Michetti, a su turno, marcó una contradicción entre la creación del organismo que controlará a las empresas para que registren a sus trabajadores, porque "en la Ciudad hay un convenio firmado en 2001 que establece que la Ciudad tiene la potestad de inspeccionar y que la Nación cesa en su capacidad de inspección".

Por su parte, el jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, destacó el "espíritu de coincidencia de todos los bloques" así como la herramienta que ofrece el poyecto de reducir cargas patronales para fomentar el blanqueo y la creación de empleo.

"Uno cuando recorre la provincia muchas veces se encuentra con pequeños empresarios que plantean que les cuesta mucho tomar trabajadores por la carga de los aportes patronales", afirmó el senador.