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Unifican en una megacaja las obras sociales militares
Las tres obras sociales que se fusionaron, más gendarmes y prefectos, cubren alrededor de 630.000 personas, incluyen al personal militar en actividad y al retirado que continúa con su cobertura, a diferencia de lo que ocurre con las obras sociales nacionales que dependen de la Ley 23.660 en las que, una vez jubilado, el afiliado pasa a depender del PAMI.
Esta megacaja de ingresos sociales aportados por el padrón de uniformados de cinco fuerzas sale a la luz a resguardo de un decreto de necesidad y urgencia; la norma quedó atada al debut de Agustín Rossi en Defensa, pero existía un proyecto de ley que promovió la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, en 2010. No llegó a tratarse en el Congreso.
El copyright de esta medida reconoce más de un autor; la idea original surgió de estudios de racionalización de gastos que se ensayaron cuando el economista Ricardo López Murphy ocupó Defensa durante el Gobierno de Fernando de la Rúa. En aquel momento, la reforma estaba incluida dentro de un proyecto de modificación del régimen de pasividades militares. Ahora, para darle un tinte proactivo a la gestión de Rossi, se reflotó con acento en que "se racionalizarán los gastos y optimizará el modelo de gestión, a través del funcionamiento de una estructura de administración central y regional". La conducción del IOSFA quedará a cargo de un directorio con representantes de todas las fuerzas, el presidente será designado por el ministro de Defensa, el primero en probarse el traje es el excoordinador de Sanidad de las FF.AA, Héctor Moguilesky, quien espera la unción de Rossi.
Los beneficiados de este nuevo ente social son los que ya estaban en los padrones de cada fuerza, sólo que integrarán una lista única bajo el sello del IOSFA; personal militar en actividad y civil de las Fuerzas Armadas; los uniformados y civiles de la Gendarmería y Prefectura, los retirados y pensionados de todas estas instituciones, entre otros que dependen de la órbita castrense.
El decreto reconoce el "déficit financiero y operativo por el que atravesaban las obras sociales de las Fuerzas Armadas" y que a través de la creación de IOSFA se busca "propiciar medidas tendientes a lograr el equilibrio en la ecuación ingresos-egresos y la optimización de los procesos prestacionales". La asfixia financiera tiene varias aristas una de ellas es que los haberes se mantuvieron congelados por décadas y el porcentual de descuento para la cuota sufrió el mismo efecto en contraste con los aumentos de insumos médicos y de las atenciones de enfermedades complejas.
Las recomposiciones salariales dadas como sumas fijas no remunerativas operaron en contra de la recaudación social porque la cuota se descuenta sobre el haber. En un intento de paliar la crisis con otras fuentes de ingreso, las fuerzas crearon fundaciones sin fines de lucro, la Fundación de Sanidad del Ejército, (Fusea) y la Fundación de Sanidad de la Armada (Fusana) con el propósito de apoyar a las organizaciones de Sanidad Militar. Estas fundaciones se dedicaron a captar diversos recursos humanos; tecnológicos y financieros (afiliados de otras obras sociales, el caso de Osecac) para obtener una mejora en la calidad del servicio de atención de la salud de la familia militar mediante esos ingresos extraordinarios que al parecer tampoco solucionaron el agujero financiero.
No queda claro en el decreto qué pasará con los contratos de prestación y de atención a afiliados de otros gremios en nosocomios militares que habían resuelto tanto la Fusea como la Fusana. La norma aclara que "Todos los afiliados al IOSFA gozarán, igualitariamente, de los beneficios de un programa integral de prestaciones médico-asistenciales y de salud, cuyo acceso quedará garantizado por procedimientos normativos y una red de servicios institucionales propios y contratados, que operarán en todo el ámbito nacional".

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