Validan política de Lebac en denuncia búmeran de los K

lebac. La política del Banco Central implementada por Federico Sturzenegger no encontró objeciones en tribunales pese a la denuncia.

Mauricio Macri podrá descontar una de las imputaciones que pesaban sobre él en expedientes judiciales, y la política económica de Cambiemos no corre riesgos de ser judicializada. Así lo confirmó la Cámara Federal, que ratificó el archivo de la denuncia intentada por el kirchnerismo como respuesta al procesamiento de Cristina de Kirchner y varios integrantes de su Gobierno por la causa dólar a futuro. Lo cierto es que la posibilidad de tamizar vía tribunales decisiones de política económica fue una puerta que la misma Sala II abrió cuando confirmó el procesamiento de Cristina al deslizar que cualquier medida que tuviera por objetivo mantener "artificialmente" el precio de la divisa podría ser asunto de los tribunales. De este peligroso antecedente se tomó un puñado de diputados del Frente para la Victoria para hacer una presentación de idénticas características a la de dólar futuro pero encastrando en las imputaciones a los principales miembros del Gobierno por el perjuicio que costaría a las arcas públicas la política de emisión de deuda y de Lebac, apuntando al Ministerio de Economía y al Banco Central. La fiscal Paloma Ochoa impulsó la apertura de un expediente penal pero el juez Daniel Rafecas consideró que en el asunto no existía delito. La fiscalía apeló y la Cámara no tuvo otro camino que ingresar en una propia contradicción.

Sin embargo lo resolvió de forma simple: "Resulta claro que las cuestiones cuya investigación se ha propuesto se vinculan con decisiones de política económica que no llevan, siquiera en hipótesis, trascendencia jurídico penal por haber sido tomadas por las autoridades nacionales dentro del marco legal que rige su actuación", sostuvo la Cámara integrada por Martín Irurzun y Eduardo Farah. Para aclarar la posición, retomaron su propio antecedente: aclaró que "no existe obstáculo constitucional alguno que le impida al Poder Judicial avanzar en el examen de actos emanados de las autoridades políticas cuando aquellos puedan ser el resultado de un abuso, omisión o cualquier otra forma de violación a las normas vigentes".

Pero "en el presente caso, y pese al esfuerzo argumental, la denuncia no logra trasponer aquél umbral para señalar la conducta ilícita concreta cuya investigación se propicia sino que sólo abunda en consideraciones vinculadas al desacierto de la política económica escogida por las autoridades y las herramientas utilizadas para regular el valor de la divisa extranjera", afirmó el fallo. Para Ochoa no está en discusión la facultad que tiene el BCRA sobre la política económica, pero aclaró que en este caso lo que se debe investigar es "una presunta política monetaria abusiva decidida por funcionarios públicos, que extralimitándose, manipularon el valor real -fijado por el mercado- con el objeto de perjudicar las arcas del Estado nacional en beneficio de determinados grupos económicos".