Vence mañana delegación de facultades y el Gobierno se resiste aún a negociar

Agustín Rossi, Guillermo Moreno

El Gobierno de Cristina de Kirchner deberá enfrentar desde mañana una nueva realidad, aunque anoche la seguía negando: el vencimiento de todas las facultades que delegó el Congreso lo obligará a pedir autorización por ley para muchas medidas que hasta ahora tomaba por decretos simples. Esas facultades serán revisadas por las dos Cámaras, pero no hay acuerdo sobre cómo gobernará la Presidente mientras tanto. En lo inmediato no existe solución: mañana caducarán no las leyes, pero sí las delegaciones que éstas contengan. Eso significa que el Ejecutivo abrirá otro frente de conflicto con el Congreso, que puede terminar perjudicando también a la economía. El oficialismo no quiso negociar una salida elegante al problema y eligió, por ahora, negar que la caída de los poderes delegados lo afecte, aunque algunos kirchneristas reconozcan que se puede «complicar la gestión», y en el Senado, Miguel Pichetto y Nicolás Fernández busquen caminos alternativos.

Agustín Rossi fue uno de los voceros de esa negación: «El 25 no pasará nada», dijo. «Ante cada situación se verá si el Ejecutivo necesita reclamar al Congreso que una facultad se le sea delegada por una determinada cantidad de tiempo». No parece que esa opción sea simple para la Presidente cuando no puede controlar Diputados.

En realidad, no hay excusas para este caso. Desde 1994, cuando se reformó la Constitución nacional, se sabía que todo el cuerpo de leyes que había otorgado al Poder Ejecutivo facultades que le son propias al Congreso debía ser revisado. Los Kirchner participaron en la Convención Constituyente y cuestionaron, en otros gobiernos, que se continuara prorrogando esa obligación constitucional de llevar adelante la revisión. El problema, aunque de una aridez técnica difícil de digerir para el común de los mortales, está en la base misma del sistema constitucional argentino: los gobiernos, como el actual, se resisten a reconocer que todo poder delegado al Ejecutivo debe tener una base clara y hacerse por un tiempo determinado. Es decir, sin generalidades y sólo por plazo con vencimiento.

Es esa limitación al poder de decidir por decreto sin consultar al Congreso, como sucede en todo el mundo civilizado, lo que los Kirchner no quieren aceptar. En el medio quedan sin definir poderes para aplicar la Ley de Entidades Financieras, la de Abastecimiento y hasta la Emergencia Pública, por hacer sólo un breve resumen.

La oposición, lenta en llegar a un acuerdo final sobre el problema, comenzó el jueves pasado el camino final para definir cómo será desde ahora la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo. Ésta será mínima y en las cuestiones imprescindibles para manejar la administración nacional. Basta mencionar que de casi 400 leyes que delegan, sólo se mantendrán poderes delegantes en unas 15, que se refieren, por ejemplo, a facultades de administración para cobrar impuestos. En ningún caso el Congreso piensa renovar poderes para manejar aranceles aduaneros, con el tema de las retenciones en el medio de la escena. Mucho menos si antes no se revisan las condiciones en que esos poderes fueron cedidos dentro del Código Aduanero.

Cada partido tuvo equipos trabajando en el tema para llegar a un proyecto, pero desde hoy se negociará entre los bloques un proyecto común. El macrismo terminó el suyo el jueves pasado y ya tiene el visto bueno del Peronismo Federal, que pone a Graciela Camaño como representante en la negociación. La UCR decidirá hoy si se suma.

Allí se describen las bases, los tiempos y la forma en que ejercerán las facultades que queden vigentes, una vez que termine la revisión de cada ley que le otorga poderes al Gobierno. Se incorpora así un cronograma para analizar esas normas que puede demorar meses. Pero la delegación como se conoce hoy vence mañana y no habrá prórroga.

El punteo final pasará por un anexo con las leyes que mantendrán vigencia y las que se dejarán caducar, que se incorporará a ese proyecto una vez que exista acuerdo.

El problema, entonces, es qué sucederá mientras tanto. Desde la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia se había elaborado un listado de las delegaciones que el Gobierno consideraba imprescindibles para llevar adelante la gestión. De las 1900 leyes históricas que delegaron, quieren mantener 300. Pero no hubo diálogo que garantizara un avance en la negociación.

Desde la oposición se enviaron señales al kirchnerismo para acordar una forma de tomar decisiones mientras se ratifican las facultades que continuarán delegadas. Ese proceso incluye que se modifiquen las normas a la delegación de facultades tal como la permite el artículo 76 de la Constitución nacional. Muchas de esas leyes fueron dictadas antes de 1994 y, por lo tanto, no cumplen con el requisito de fijar bases claras y un tiempo para la delegación, algo lógico y común a cualquier ordenamiento jurídico en el mundo.

Así, no hay indicio de que el Gobierno aceptará esa realidad, lo que puede abrir el uso indiscriminado de DNU que luego podrían ser cuestionados en la Justicia. No resulta lógico llegar así al final de un proceso que había sido acordado por todos los partidos en la reforma constitucional de 1994.

La negación oficial abre un conflicto de la Casa Rosada con el Congreso que complicará a la política, pero sobre todo a la economía. Contratos, decisiones impositivas y hasta la pasión de Guillermo Moreno por frenar importaciones o exportaciones creyendo que así puede controlar la suba de precios internos serán cuestionadas ante la Justicia por cualquier particular damnificado alegando la falta de poderes en el Gobierno para tomar decisiones. Todas esas facultades están incluidas en los poderes que vencen mañana.

No todos los bloques están de acuerdo en el listado. Margarita Stolbizer, por ejemplo, ya definió las facultades que el Poder Ejecutivo debe mantener para evitar un «colapso funcional»: las de Procedimiento Tributario, manejo de la AFIP, Aduanas y Puertos, Comisión Nacional de Valores, el Código Alimentario Argentino, Promoción Industrial, Ministerios y Ley de Empleo. Ese listado puede coincidir con el resto de los bloques, pero la negociación para definirlo y revisar esas leyes recién comienza.