El Parlamento también enfrenta al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le anuló sus facultades al revertir numerosas leyes aprobadas que desataron un choque entre los poderes públicos.
Para Jorge Pabón, abogado constitucionalista y catedrático, la amenaza del mandatario no es posible jurídicamente "a menos que haga como Alberto Fujimori en Perú, que ordenó una intervención militar o por grupos armados que disuelvan de hecho la representación popular".
A su juicio se trata de una "globo de ensayo" para pulsar la reacción de la oposición y desviar la atención sobre los problemas prioritarios.
"La Constitución contempla una figura que es la disolución de la AN cuando hay tres votos de censura al vicepresidente de la República y eso no está planteado hoy", acotó.
Sin embargo destacó que en el país se vive una situación donde "no hay Estado de derecho, no se respeta la Constitución ni las atribuciones que esta le establece a cada uno de los poderes".
En este sentido sostuvo que leyes como la de amnistía; la de referendos o la que otorga los títulos de propiedad a las personas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, entre otras, que fueron sancionadas no pudieron entrar en vigencia porque el poder judicial "las entorpeció.
Maduro acusa a la directiva de la Asamblea que encabeza el opositor Henry Ramos Allup de "traicionar a la patria" y "conspirar" contra su Gobierno promoviendo una presunta intervención extranjera.
Lo cierto es que tras seis meses de que se instaló el nuevo parlamento, los 112 diputados electos con los votos de más de 7 millones de venezolanos no pudieron juramentarse en su totalidad.
Un fallo judicial ordenó suspender la proclamación de cuatro congresistas y dejó desde entonces sin representación al estado Amazonas.
Para Mercedes de Freitas, de la ONG local, Observatorio Parlamentario, lo que se está viviendo es un enfrentamiento de poderes en donde el TSJ se excedió al limitar las actividades de la Asamblea.
Advirtió que la pretensión del mandatario "es un acto de autoritarismo que ni los venezolanos ni el mundo vamos aceptar".
Sin embargo del lado del oficialismo insisten en la disolución, aunque difieren en la forma de cómo hacerlo.
Carlos Aquino, dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV), sostuvo que la disolución debe resolverse por "la vía política y no jurídica".
| Agencia ANSA |
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