Vidal congela por un año las designaciones

María Eugenia Vidal

 Buenos Aires - En sintonía con la emergencia administrativa que sancionó la Legislatura provincial en mayo último, el Gobierno que comanda María Eugenia Vidal activará en los próximos días -falta la publicación del decreto- el congelamiento de los pases a planta, decisión que recibió un fuerte rechazo de parte de los sindicatos estatales.

Sin embargo, la resolución tendrá excepciones lógicas. Desde el Ejecutivo bonaerense manifestaron a Ámbito Nacional que, por caso, la medida "no tocará a los policías, personal del servicio penitenciario, docentes y auxiliares, médicos y enfermeros", entre otros.

Además, señalaron a este diario que el objetivo "es acomodar el desorden, ya que hubo muchísimas similares durante las gestiones de -el exgobernador kirchnerista Daniel- Scioli pero que nunca se terminaron de ordenar".

Otro fin del decreto que prepara firmar Vidal es "dar una señal dentro de la ley de emergencia administrativa -sancionada en mayo último- y a favor del equilibrio fiscal".

Dicha emergencia, que también creó un nuevo sistema de contratación de personal, fue sancionada en el marco de una multitudinaria marcha -con incidentes- de gremios estatales que se oponían -y aún lo hacen- a la norma, y en una sesión escandalosa.

Ayer, tras la confirmación de la nueva medida, a filial bonaerense de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresó en un comunicado que la resolución "viene a completar un 'combo' de leyes y decretos que apuntan al achicamiento y desguace del Estado provincial. La reacción del gremio se entiende en el marco de un día adverso: ayer también, en un fallo inédito, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de la Plata suspendió todo lo actuado por el juez de primera instancia, Luis Federico Arias, en lo referido a la resolución que intimaba al gobierno de Buenos Aires a reabrir negociaciones paritarias con los sindicatos estatales, en un plazo de cinco días hábiles.

La resolución del magistrado, del pasado 7 de junio, obligaba a la gobernadora, a través del Ministerio de Trabajo, a convocar a la totalidad de las asociaciones sindicales de la Ley 10.430 a los fines de la continuidad de la negociación colectiva, lo que algunos entendieron como exceso jurisdiccional.

De este modo, Arias fijaba una audiencia conciliatoria para el 21 de este mes en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, pero la Cámara puso en conocimiento "las irregularidades cometidas por el juez de grado", en grave perjuicio de su parte, con posterioridad a la deducción del recurso de apelación contra la medida cautelar dictada en la causa.