"El Gobierno sigue operativo solo porque el gobernador ha autorizado más de mil millones de dólares en iniciativas de liquidez onerosas e insostenibles", aseguró, tras llamar reiteradamente la atención sobre el drama que supone perder el 2,5 % de la población en un año, tal y como ocurrió en 2015. En ese sentido, dijo que quienes emigran (el 10 % de la población en los 10 últimos años) son gente joven, en edad laboral, que "vienen al territorio continental con sus hijos y encuentran que aquí sí hay opciones laborales". Mientras, quienes se quedan son una población "envejeciente", donde el 57 % de los niños vive en la pobreza, "hay sensación de miedo" y "el Gobierno simplemente no puede pagar" sus facturas. "A este ritmo en otros diez años no habrá una base (poblacional) para sustentar la recaudación fiscal", advirtió.
La solución que propone el Tesoro trata, según explicó, de por una parte coordinar una reestructuración de los más de 70.000 millones de dólares de deuda que acumula la isla, que "no es sostenible", y que absorben el 35 % de los ingresos del Gobierno. Según explicó, sería cuestión de renegociar toda la deuda, cuya estructura es "enormemente compleja" porque hay muchos emisores y muchos tipos de bonos, y de que participaran todos los acreedores, a los que se le concedería un periodo de negociación voluntaria.
Al mismo tiempo, el Tesoro propone el establecimiento de una junta independiente de supervisión que vele por la aplicación de las reformas que el Gobierno local identifique como necesarias, a la que se opone el liderazgo político de la isla por considerarla desde humillante hasta colonialista. El representante de Puerto Rico en Washington y líder de la oposición en la isla, Pedro Pierluisi, reclamó durante su intervención en la vista que la citada junta no limite aún más las competencias del Gobierno local y aventuró que "si los funcionarios públicos en Puerto Rico actúan con disciplina, la junta podrá ser disuelta en poco tiempo". "El tiempo para actuar ya ha pasado", afirmó Weiss por su parte para tratar de imprimir urgencia a un proceso que lleva meses discutiéndose en Washington y que, en su opinión, no pasa por la inclusión de Puerto Rico en la Ley Federal de Quiebras. La Cámara de Representantes aspira a aprobar en marzo un proyecto que ayude a aliviar la crisis. "El Capítulo 9 (de la Ley de Quiebras) no es la solución", defendió para contradecir así tanto al Gobierno de Puerto Rico como al principal partido de la oposición, que llevan meses reclamando esta inclusión.
| Agencia EFE |


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