La protesta de 400 personas, entre trabajadores petroleros y anarquistas del movimiento Black Bloc, en el barrio residencial de Barra da Tijuca, en Río, dejó cinco heridos. "Sabíamos que no íbamos a impedir la subasta, pero sí vamos a molestar", dijo Renta Campos, un encapuchado de 26 años con dos piedras en la mano, luego de que sus compañeros destrozaran los vehículos de dos emisoras (ver páginas 16 y 17).
La fórmula para contener estas manifestaciones en Brasil es conocida. Conforme los movimientos sociales fueron radicalizando las protestas, como ocurrió durante la Copa Confederaciones en junio pasado y en las marchas de docentes de las últimas semanas, se endureció el uso de la fuerza de los cuerpos policiales. Ayer, el operativo incluyó la presencia del Ejército y un total de 1.100 agentes de seguridad apoyados por dos buques .
Durante la Copa Confederaciones se militarizó el ingreso a los estadios y lo mismo ocurrió durante la visita del papa Francisco, donde se temió la realización de un atentado contra la vida del Sumo Pontífice.
También se incrementó el uso del gas pimienta, los gases lacrimógenos y las llamadas granadas de efecto moral, todos elementos que las fuerzas de seguridad deberán utilizar junto con granadas explosivas de luz y sonido y armas paralizantes, para garantizar la realización de los partidos durante el Mundial, de acuerdo con el esquema de seguridad difundido para esa cita deportiva.
Pero todos los desafíos en materia de seguridad se acrecientan en miras de los dos mayores eventos que se celebraran en Brasil: el Mundial, el año que viene, y los Juegos Olímpicos, en 2016. El Gobierno -que ya vio cuestionada su capacidad organizativa por las demoras en las obras y por las manifestaciones de junio- se juega en esas citas 11.000 millones de dólares sólo por turismo y enfrenta la promesa no sólo de los anarquistas de Black Bloc de arruinar la Copa del Mundo sino del grupo de narcotráfico Primer Comando de Capital (PCC), que adelantó un "mundial del terror".
El PCC fue responsabilizado por los ataques en mayo de 2006 contra policías y autobuses que dejaron casi 300 muertos en San Pablo.
De acuerdo con la prensa brasileña, constantemente las autoridades mantienen reuniones para estudiar otras estrategias para enfrentar las eventuales amenazas y consultan a expertos. El mes pasado el Congreso brasileño organizó un encuentro de alto nivel con especialistas en terrorismo para conocer tácticas exitosas que le permitan neutralizar los disturbios internos e incluso la no desechada posibilidad de una amenaza externa.
Los primeros cambios se realizaron en la legislación que permitirá tipificar como terrorismo los incidentes que ocurran en el Mundial -inexistente en el país desde la dictadura militar- además de establecer penas por causar "el pánico generalizado".
Ayer el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, afirmó que confía en el plan de seguridad para el Mundial -aunque sin referirse a las amenazas del PCC y de las agrupaciones sociales, y explicó que los servicios de inteligencia están actuando en conjunto con las policías regionales.
| Agencias AFP y EFE, y Ámbito Financiero |