Vuelve la sombra de Greco

El caso del supuesto pago ilegítimo a un grupo de aseguradoras que complica al Ministerio de Economía parece casi calcado del escándalo que enfrentó esa cartera con el caso Greco y que aún sigue sin respuesta en la Justicia.
No es casualidad que en ambos casos intervengan como investigados o denunciantes los mismos funcionarios que fueron protagonistas del frustrado pago a los ex integrantes y herederos del grupo mendocino, las familias Greco y Bassil.
En realidad, el escándalo que ahora denunció el fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, es una consecuencia o un eslabón más de un viciado procedimiento de pagos de deuda consolidada del Estado que llevó a que en diciembre de 2006 casi se llegara a pagar a los Greco más de $ 600 millones por una deuda cuestionada.
En ese caso, el Estado no había sido bien defendido por los abogados estatales, tal como quedó probado en la investigación que inició el propio Ministerio de Economía, cuando Felisa Miceli intentó despegarse del proyecto de ampliación de una emisión de bonos que contenía escondida la orden
de pago a los Greco, y en la pesquisa judicial, al punto de que el juez Francisco de Asís Soto ordenó en 2008 dar marcha atrás con un acuerdo de pago que él mismo había homologado a favor de los mendocinos.
Ese pago se frenó porque el escándalo estalló en el Congreso y el radicalismo insistió con la investigación hasta las últimas consecuencias. Esta vez el pago, como se sospecha que también sucedió en otros casos, sólo se ventiló en la intimidad de los despachos.