YPF: los acreedores pueden reclamar ya pago de deudas

El sistema bancario quedó en la mira por la fuerte exposición que tiene en YPF. Se estima que el volumen de préstamos locales se aproxima a los $ 4.000 millones, lo que transforma a la petrolera en el principal deudor del sistema financiero. Las reuniones que mantuvo el viceinterventor Axel Kicillof a fines de la semana pasada con un grupo de bancos locales y extranjeros apuntó justamente a mantener el apoyo financiero del mercado local.

Un informe divulgado ayer por Moodys puntualizó su preocupación por esta exposición de la banca local, bajo el título «La nacionalización de YPF es un evento de crédito negativo para los bancos argentinos». «Los acreedores están ahora sujetos a incertidumbres relacionadas con el futuro operativo de YPF y a su perfil financiero». «Esperamos -agrega la calificadora- que se debilite el crecimiento del negocio bancario en la Argentina, al igual que la capacidad de generación de ganancias», tras la nacionalización de la compañía.

La mayoría de los bancos locales ya había llegado a su límite de exposición por YPF. Es decir que las regulaciones locales les impiden aumentar su financiamiento a la empresa. Un dato nuevo para el sistema, advierte Moodys, es que estaría aumentando su exposición en el sector público. El Gobierno, sin embargo, advirtió que no se trata de una estatización, sino que la compañía seguirá funcionando como sociedad anónima de capital mixto.

El trabajo destaca un aspecto especialmente delicado: la posibilidad de que determinados acreedores apliquen cláusulas de aceleración sobre la deuda, lo que dejaría a YPF al borde de un «evento de default», según destacó la propia calificadora. Esto se debe a que muchos créditos tomados por la empresa tienen una particular cláusula: en caso de que Repsol pierda el control mayoritario de la compañía, los acreedores podrán reclamar la totalidad de la deuda tomada por la empresa sin esperar los plazos previstos en los contratos. Se trata de una verdadera cláusula leonina incluida por los españoles para que resulte mucho más difícil a otras empresas o incluso al Estado argentino tomar el control. En otras palabras, fue un mecanismo que encontró Repsol para cubrirse de cualquier oferta de compra hostil.

En esa situación se encuentra, por ejemplo, el bono de u$s 100 millones emitido por YPF a 2028, el único título que tiene la compañía con cotización en el mercado internacional, más precisamente Nueva York. Este título establece que en caso de que Repsol pierda el control de la compañía, los tenedores podrán ejercer un «put», es decir, una opción de venta a un precio de u$s 101 por cada 100 de valor nominal.

Según fuentes del mercado, por lo menos un 60% de estos títulos está ahora en manos del grupo Petersen, que los adquirió en la crisis de 2009 aprovechando una fuerte caída del precio. Se trata, claro, de un arma de negociación que ahora tiene la familia Eskenazi en caso de que se pretenda su salida de la empresa, en la que mantiene el 25%. Pero hay otros inversores que compraron este papel sólo como inversión que sí podrían ejercer este derecho cuando el Estado se quede formalmente con el 51% de la empresa (se espera que el 3 de mayo la expropiación se transforme en ley).