El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, a través de la Fiscalía de Estado, requirió a la Corte Suprema de la Nación que se fije audiencia presencial para exigir que se cumpla con el caudal mínimo del Río Atuel, una batalla larga con Mendoza, que tiene fallo del máximo tribunal.
La intención de Ziliotto es concurrir junto con los intendentes de las zonas afectadas del oeste pampeano y con asociaciones civiles para exponer la situación actual del cauce y los daños socio-ambientales.
“Igualmente, que puedan manifestar al Tribunal los conflictos diarios que deben resolver a raíz de la faltante de agua y como esta situación se agrava día a día, generando éxodo de las poblaciones y graves problemas sociales”, expresó un comunicado del gobierno pampeano.
Asimismo, el mandatario solicitó que los miembros del tribunal “se constituyan en el límite interprovincial entre Mendoza y La Pampa sobre el cauce del río Atuel -Puente Vinchuqueros- para que constaten personalmente la falta de escorrentía y el daño generado”.
La Pampa reclama a la Corte para que exija al gobierno mendocino de Rodolfo Suarez el inmediato cumplimiento de la sentencia dictada hace más de 3 años, que fijó un caudal mínimo permanente de 3,2 m3/s en el límite interprovincial. Un punto medio entre el 1.5m3/s que pedía Mendoza y los 4,5 que pedía La Pampa.
En Mendoza insisten en que llegar a ese cauda requiere de obras que deberá financiar el Estado Nacional. En marzo, el Gobierno nacional instaló medidores en el Río Atuel para constatar el caudal.
“La provincia de Mendoza continúa sin obedecer el fallo, haciendo uso unilateral del agua, con las consecuencias dañosas y la destrucción del ambiente del noroeste de la provincia de La Pampa”, señaló el comunicado de la administración de Ziliotto, mientras que desde Mendoza no hubo respuestas oficiales.
Según La Pampa, la Corte “dio por acreditado la desertificación y daño ambiental de esta zona en la sentencia del 1 de diciembre de 2017; y que, fijó como meta interina un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza en la sentencia del sentencia 16 de julio de 2020”.
En razón de esto, se expuso en el escrito presentado que “su protección requiere una accionar urgente por parte del órgano jurisdiccional para detener el daño, salvaguardando al ambiente como usuario en sí mismo por sobre los intereses de un Estado. Se requiere por ello el dictado de una medida trascendente que ponga fin al avance del daño ambiental de incidencia colectiva”.
La guerra del agua entre La Pampa y Mendoza tiene otro capítulo en Portezuelo del Viento, la represa que quedó frenada tras el laudo presidencial de Alberto Fernández, quien avaló la posición pampeana de solicitar nuevos estudios de impacto ambiental para continuar con una megaobra que demandaría más de u$s1.000 millones con financiación nacional.
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