Opiniones

El avance del Estado sobre los derechos de los contribuyentes

A partir de la nueva concepción del Estado, inició un lento, pero firme avance de los derechos individuales de los contribuyentes, cada vez más cercenados y limitados justificando su afectación en teorías como la finalidad social del Estado, el bien común, el orden público garantizado por el Gobierno Federal.

El abandono del régimen federal de gobierno que significó la sanción de la Ley 11.586 -Ley de Emergencia a los Réditos- en 1932, su posterior convalidación con la Ley 11.682 y, el régimen de distribución del gravamen o régimen de Coparticipación Federal, fueron el inicio de lo que hoy es el avasallamiento absoluto de los contribuyentes frente al poder impositivo del Estado.

En efecto, en 1932, el sistema federal de gobierno establecido en la Constitución Nacional que, tenía como unos de los principales principios, prohibir al Estado Federal la potestad de someter a impuestos directos a los contribuyentes, facultad que recaía exclusivamente en las legislaturas provinciales como protección de sus finanzas y protección de los vecinos a la determinación de los servicios y organización de gobierno para su comunidad, con la sanción inconstitucional de la ley de impuesto a los réditos, fue reemplazado por un régimen centralista, con un gobierno federal fuerte representado por un Poder Ejecutivo fuerte, como conductor de la sociedad hacia el bien común y al bienestar general.

A partir de la nueva concepción del Estado, inició un lento, pero a paso firme avance del Estado Federal sobre los derechos individuales de los contribuyentes, cada vez más cercenados y limitados justificando su afectación en teorías como la finalidad social del Estado, el bien común, el orden público garantizado por el Gobierno Federal.

Claramente, la destrucción del orden constitucional no pudo ser llevada adelante sin la complicidad y el silencio del Poder Judicial federal y los tribunales de provincias con competencia en materia tributaria que fueron convalidando cada uno de los inconstitucionales argumentos sustentados por los fiscos Nacional, provinciales y municipales, los requisitos del pago previo, regímenes de recaudación, criterios arbitrarios de atribución de ingresos, facultades exorbitantes de los fiscos, fueron dejando paulatinamente a los contribuyentes sin defensa frente a cualquier insólito ajuste o resolución adoptada por cualquier fisco al extremo que al día de la fecha se puede afirmar que el sistema rentístico argentino se encuentra fuera de control.

Como se puede observar, cualquier organismo fiscal sin importar sus atribuciones o ámbito de competencia, hoy puede someter a exacciones a todos los ciudadanos de la república, con la curiosa excepción del poder judicial nacional o provincial, justamente, el Poder del estado que garantizó tal sometimiento.

En ese marco, la ARBA creó un nuevo régimen de recaudación aplicable sobre quienes realicen pagos a través de plataformas digitales que se suma a los ya ilegales regímenes de recaudación inconstitucionales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al igual que todos los regímenes similares, establece bases imponibles superiores a las del impuesto, porcentajes superiores a los de las alícuotas previstas en las leyes impositivas, pero, alcanza su mayor inconstitucionalidad al someter en mayor medida a quienes no son contribuyentes en las provincias o, someter sobre todas sus operaciones a quienes realizan una pocas operaciones.

Al igual que todo el sistema rentístico provincial y municipal que, amparándose en el federalismo, dictan normas que benefician a los contribuyentes locales, mientras someten en mayor medida a quienes no tienen actividad o no habitan en el territorio.

A modo de ejemplo se puede señalar el caso “Esso” que se discute en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras que el Municipio de Quilmes le reclama a dicha empresa el impuesto sobre la tasa de seguridad e higiene calculada sobre el 100% de los ingresos obtenidos en la Provincia de Buenos Aires, exime del mismo impuesto a las pymes locales.

Uno de sus máximos defensores, el intendente del partido de Vicente López, ha hecho lo propio recientemente, sobre un principio de redistribución, capacidad contributiva y federalismo, han creado un sistema donde esquilman a los residentes que no votan en su jurisdicción que se ven beneficiados con una carga limitada, una presión tributaria general que, actualmente, amenaza con paralizar el comercio interjurisdiccional y, nos aleja cada vez más del federalismo que obliga a los gobernadores a financiarse con contribuciones directas sobre quienes residen en la jurisdicción ingresos propios que sustituyen con tributos indirectos y exacciones ilegítimas de quienes no son contribuyentes en la jurisdicción.

Conforme el régimen de la provincia de Buenos Aires, un empleado en relación de dependencia que viva en la Ciudad de Buenos Aires y, realice ventas de bienes propios usados -ropa de los hijos, herramientas viejas- quedará sometido por toda sus operaciones al régimen de la provincia de Buenos Aires, sin que, en los hechos, se pueda considerar que realiza una actividad gravada, es más, conforme el régimen en cuestión, estarán sometidos a mayor retención aquellos que no tengan domicilio ni actividad en la jurisdicción.

De esa manera, ARBA de manera ilegal vuelve a la carga sobre los residentes de la República Argentina que, nuevamente, despojados de sus derechos ven como sus intentos por obtener ingresos extras que le permita paliar la grave situación económica que el descontrol impositivo ha causado, se ven nuevamente cercenado por la actividad impositiva e ilegal del gobierno que, invocando el bienestar general, ha conducido al país a la ruina a la par que ha violado los derechos constitucionales de los contribuyentes que sin defensa ni justicia, solo pueden aceptar con indignación otro ataque del estado con derecho al que todo se le debe para llevarnos a un bien común que nunca llega y, peor aún, cada vez está mas lejos.

(*) Abogado. Especialista en Derecho Tributario

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