El crimen de Barrientos reavivó interna de la UTA

El gremio a nivel nacional buscó encapsular las protestas a un paro en la zona oeste del conurbano, pero la medida terminó por diseminarse.

Roberto Fernández, Secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Foto: Mundo Gremial.

El asesinato del colectivero Daniel Barrientos reavivó la disputa interna en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que enfrenta al actual secretario general, Roberto Fernández, desgastado por paritarias de números apretados y decisiones judiciales que lo perjudicaron, con Miguel Bustinduy, principal referente de la oposición y apadrinado de Hugo Moyano y de la empresa de transporte de pasajeros DOTA. El jefe del gremio intentó encapsular las protestas por el crimen mediante un paro hasta la medianoche limitado a la región oeste del conurbano bonaerense pero debió lidiar con algunas huelgas de hecho de otras líneas no ligadas geográficamente al episodio y a las promovidas por Bustinduy en su área de influencia.

La disparidad de criterios devolvió un escenario de incertidumbre donde la medida de fuerza se concretó de manera masiva en las localidades cercanas al asesinato, cometido en la madrugada de este lunes en Virrey del Pino, partido de La Matanza, y también tuvo repercusiones en varias de las 80 líneas que administra DOTA así como en otras cuyos choferes lo hicieron en carácter de autoconvocados y no bajo la modalidad de un paro sino como retención de tareas o directamente, de “duelo” por el homicidio de Barrientos. La puja interna se remonta a 2011 con la muerte en un accidente de tránsito de Juan Manuel Palacios, el histórico líder de la UTA y mano derecha de Moyano en la CGT. Si bien ya se había corrido de la jefatura sindical en 2006 tras una denuncia por la propiedad de un campo a su nombre, su fallecimiento repentino desató el encono de Bustinduy, leal desde siempre a Palacios, y Fernández, quien hasta entonces ocupaba la secretaría adjunta del gremio y asumió como su nuevo número uno.

El enfrentamiento tuvo su pico máximo de tensión en diciembre de 2019, pocos días después de la asunción de Alberto Fernández, cuando un grupo identificado con la oposición tomó por la fuerza el edificio central de la UTA. El año pasado la Justicia penal exculpó a Bustinduy por aquellos incidentes y así allanó el camino para que pudiera presentarse a las elecciones contra Fernández. No fue el único fallo que perjudicó al secretario general: pese a imponerse en los comicios de diciembre pasado, una resolución de la Cámara laboral le ordenó validar la asunción de dirigentes rivales en las seccionales de Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba y Jujuy.

En ese escenario el gremio de colectiveros, con más de cien mil afiliados en todo el país que contemplan los servicios de transporte automotor de pasajeros de corta, media y larga distancia, atraviesa desde hace años una complejidad al parecer insalvable: sus paritarias dependen pura y exclusivamente del desembolso de cuantiosos subsidios por parte del Estado nacional, y en el caso de los servicios descentralizados, de las provincias y los municipios.

La ecuación económica establece que el valor del boleto de colectivo en la mayor parte de las jurisdicciones cubre una mínima parte del costo de cada servicio. Y en un contexto de restricciones presupuestarias, los desembolsos públicos para el transporte suelen llegar con demora y eventualmente por valores menores a los necesarios. De ahí que las negociaciones salariales de los últimos años tuviesen como premisa una cobertura inflacionaria deficiente y tardía, y pagos no remunerativos extendidos a lo largo del tiempo. Con consecuencias, alegan en el sector, en la calidad de las prestaciones de la obra social de los choferes.