Gonzalo Uriarte Herrera ratificó el respaldo de su país al reclamo argentino por las islas y pidió reciprocidad sobre el Estrecho de Magallanes.
Gonzalo Uriarte Herrera se expresó sobre la cuestión Malvinas.
El embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, ratificó el respaldo de su país al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y planteó la necesidad de que ambos países hagan propias las prioridades estratégicas del otro para avanzar en un proceso de mayor integración.
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“Si los chilenos entendemos que para Argentina Malvinas es importante, hagámoslo propio”, afirmó el diplomático durante una exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires, en la que puso como contrapartida la importancia que tiene para Chile el reconocimiento argentino de su soberanía sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.
“Sabemos que para Argentina es muy importante”, sostuvo Uriarte sobre Malvinas y recordó la política de respaldo que Chile mantiene en los distintos foros multilaterales. “Si para Argentina es recíproco, esperamos lo mismo, como es con el Estrecho”, agregó en un encuentro en el que Ámbito estuvo presente, entre un reducido grupo de medios.
El embajador llamó, en ese marco, a “no exacerbar nacionalismos” y reivindicó la posibilidad de dejar atrás antiguas disputas para construir una agenda común. Como ejemplo puso a Europa: países que atravesaron guerras y enfrentamientos territoriales terminaron construyendo túneles, puentes y espacios de libre circulación.
Las declaraciones llegan menos de una semana después del encuentro entre Javier Milei y José Antonio Kast, que sirvió además para descomprimir la tensión que se había generado por el Estrecho de Magallanes.
Durante esa bilateral, Kast ratificó el respaldo chileno a los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y la necesidad de reanudar las negociaciones con el Reino Unido para alcanzar una solución pacífica a la controversia.
En paralelo, ambos mandatarios ratificaron que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes está establecido por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, y reconocieron la soberanía chilena sobre la totalidad del paso interoceánico. La aclaración se produjo después de la controversia provocada por declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, que obligaron a una intervención de Cancillería y luego del ministro de Defensa, Carlos Presti.
Uriarte, quien presenció la bilateral entre Milei y Kast, describió aquella imagen como un “abrazo esperanzador después de días intensos y convulsos” y aseguró que fue un “muy buen encuentro”.
Para el diplomático, el espíritu debe ser el mismo que permitió alcanzar el Tratado de Paz y Amistad de 1984. A partir de aquel acuerdo, recordó, se firmaron 19 instrumentos internacionales, siete de ellos vinculados con la libre circulación. “Mi sueño es un espacio de libre circulación”, resumió.
El respaldo chileno a Malvinas tiene, sin embargo, un capítulo sensible que sigue de cerca el Gobierno argentino: los movimientos de sectores políticos y empresarios de Punta Arenas para convertir a la ciudad en un centro de abastecimiento de las islas, en momentos en que comienza a tomar velocidad la explotación petrolera de Sea Lion.
Como publicó Ámbito, para el 28 y 29 de septiembre está prevista una ronda de negocios en Punta Arenas con el objetivo de avanzar en una cadena de suministros para las islas. La iniciativa contempla alimentos, gas licuado, repuestos, materiales para la construcción y otros insumos necesarios para la infraestructura petrolera.
El proyecto adquiere una dimensión mayor por el desarrollo de Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en aguas cuya soberanía reclama la Argentina.
Como explicó Ámbito, la ubicación de Punta Arenas ofrece una ventaja logística: la distancia marítima hasta las islas es aproximadamente la mitad de la existente desde Montevideo. Una conexión estable podría así generar un corredor regional alrededor de la actividad petrolera, con participación de empresas chilenas y británicas.
La situación abre una contradicción dentro de la relación bilateral. En el comunicado posterior a la reunión Milei-Kast, el Presidente agradeció el tradicional respaldo chileno a la Argentina en Malvinas y expresó que se valorarían los esfuerzos de Santiago para evitar la consolidación de actividades logísticas vinculadas a la explotación unilateral de hidrocarburos y recursos pesqueros en la zona en disputa. El uso del potencial dejó entrever que no era una cuestión saldada.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, es uno de los impulsores de la iniciativa y sostiene que el vínculo comercial con las islas representa una oportunidad para la economía regional. Incluso planteó que la utilización de otra bandera por parte de los buques permitiría sortear las restricciones regionales vigentes desde 2011.
Más allá de esas tensiones, Uriarte planteó que existe una oportunidad para avanzar hacia una integración económica de mayor escala.
El embajador reconoció que actualmente está “desnivelado” el volumen de inversiones entre ambos países, pero aseguró que el escenario argentino comenzó a despertar nuevamente el interés del otro lado de la cordillera.
“Se están dando las condiciones para volver a invertir en Argentina”, sostuvo. Según Uriarte, hay “muchos capitales” chilenos que están mirando al país con interés.
El diplomático destacó especialmente las posibilidades de complementación energética. Argentina cuenta con excedentes de gas que Chile necesita, mientras que el norte chileno dispone de energía que puede resultar útil para las provincias argentinas. A eso agregó la posibilidad de utilizar puertos, infraestructura y energía chilena para acompañar el desarrollo de la minería argentina.
“No tiene sentido pelearnos por quién es dueño de qué”, resumió al describir las oportunidades que abre la integración.
También destacó los avances de la Comisión Minera bilateral, donde se aprobaron tres protocolos para habilitar proyectos de minería transfronteriza. Entre ellos mencionó Vicuña, en San Juan, como ejemplo de un espacio minero integrado, y planteó la posibilidad de avanzar también hacia un acuerdo gasífero que otorgue certeza jurídica a las inversiones.
Otro de los ejes de la exposición fue la infraestructura fronteriza. Uriarte mencionó una reciente reunión en Cancillería para avanzar en mejoras en el Sistema Cristo Redentor, por donde aseguró que circulan alrededor de 1.500 camiones por día.
Entre los proyectos en análisis mencionó sistemas binacionales para despejar la nieve y alternativas ferroviarias de menor altura, además de una agenda más amplia de pasos fronterizos y corredores bioceánicos.
“Hay mucho que hacer”, reconoció el diplomático, particularmente para reducir los costos de la cadena logística entre ambos países.
Uriarte volvió entonces sobre la comparación europea. Si países que atravesaron guerras pudieron construir puentes, túneles y sistemas de circulación común, Argentina y Chile también pueden transformar una de las fronteras más extensas del mundo en un espacio de integración.
El Gobierno informó este miércoles que se presentarán nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en violación de las prohibiciones dispuestas por la Ley N° 26.659.
Según precisó el comunicado, las denuncias "alcanzarán no sólo a nuevas empresas involucradas, sino que también individualizará a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que han intervenido en decisiones vinculadas con dichas actividades".
La medida se enmarca en la ofensiva que lleva adelante el Gobierno respecto a Malvinas, la cual ya incluyó procedimientos contra más de 50 sujetos.
Ese avance, según se detalló, "derivará tanto en la ampliación de procesos judiciales preexistentes como la apertura de otros nuevos".
El texto oficial también remarcó que "el Estado Nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional".
En esa línea, se aclaró que las medidas "no se limitarán a las personas jurídicas y alcanzarán a quienes, desde sus cargos y funciones, hayan intervenido en la realización de estos ilícitos".
Por último, el comunicado ratificó la postura del Gobierno frente al conflicto: "El Gobierno Nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables".