Ley de Glaciares: los cambios clave que impulsa el proyecto para habilitar inversiones mineras

El proyecto de reforma redefine qué zonas estarán protegidas y cuáles podrán habilitarse para actividades productivas. Expectativa en las provincias mineras.

El tratamiento de la reforma en Diputados aparece como un punto de inflexión para el desarrollo de la minería en Argentina. 

La Cámara de Diputados debatirá hoy la reforma de la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción, una iniciativa que propone modificar el esquema actual de protección ambiental y abrir la puerta a nuevas inversiones en sectores como la minería y los hidrocarburos.

El proyecto es impulsado por el oficialismo y cuenta con el respaldo de gobernadores de provincias con fuerte desarrollo minero, en el marco de una estrategia más amplia orientada a atraer capitales y dinamizar la economía.

La discusión se da en un contexto de tensión entre la necesidad de generar inversiones y el resguardo de recursos naturales considerados estratégicos, como las reservas de agua dulce.

Qué cambia respecto de la ley vigente

La normativa actual, sancionada en 2010, establece una protección amplia sobre glaciares y zonas periglaciares, donde prohíbe actividades extractivas. El nuevo proyecto introduce un enfoque más flexible, basado en criterios de evaluación y segmentación de áreas.

Los puntos principales del proyecto de reforma

El texto que se debate en Diputados redefine el alcance de la ley y establece cambios estructurales en el esquema de protección y control:

• Protección selectiva de glaciares: Solo serán protegidos plenamente aquellos glaciares considerados estratégicos o esenciales para el abastecimiento de agua.

• Fin de la protección automática en zonas periglaciares: Estas áreas dejarán de estar resguardadas por defecto y su protección dependerá de estudios técnicos específicos.

• Habilitación de actividades productivas: Se permitirá el desarrollo de proyectos mineros e hidrocarburíferos en zonas previamente restringidas, siempre que superen evaluaciones de impacto ambiental.

• Mayor protagonismo de las provincias: Cada jurisdicción tendrá la facultad de definir qué áreas proteger, cuáles habilitar y aprobar los estudios ambientales correspondientes.

• Reducción del rol del sistema científico: El Inventario Nacional de Glaciares pierde carácter vinculante y el control pasa principalmente a las autoridades provinciales.

El respaldo político y la estrategia del Gobierno

El proyecto cuenta con el apoyo de gobernadores de provincias mineras, que ven en la reforma una oportunidad para destrabar proyectos de inversión que, según sostienen, quedaron paralizados por las restricciones actuales.

La iniciativa se alinea con otras políticas del Ejecutivo orientadas a promover grandes inversiones, en particular en sectores vinculados a los recursos naturales, donde Argentina busca posicionarse como proveedor global.

Las críticas y el eje ambiental del debate

Desde sectores de la oposición y organizaciones ambientales advierten que los cambios podrían debilitar la protección de glaciares y afectar reservas clave de agua dulce.

El cuestionamiento central apunta a la flexibilización de las restricciones y al traspaso de facultades a las provincias, lo que, según estos sectores, podría generar criterios dispares y reducir los estándares de control ambiental.

Una definición con impacto económico y social

El tratamiento de la reforma en Diputados aparece como un punto de inflexión para el desarrollo de la minería en Argentina. De aprobarse, el nuevo marco regulatorio podría habilitar inversiones de gran escala y modificar el mapa productivo en varias provincias.

Al mismo tiempo, el debate pone en juego el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental, en un contexto global marcado por la transición energética y la creciente demanda de recursos naturales.