Luis Lucero, tras la ley de Glaciares: "Es absolutamente falso que la gente se vaya a quedar sin agua"

El secretario de Minería defendió la reforma sancionada en Diputados, rechazó los cuestionamientos sobre el impacto hídrico y aseguró que la nueva normativa permitirá destrabar inversiones clave. El Gobierno se prepara para una etapa de judicialización.

La reforma de la Ley de Glaciares abre la puerta a nuevas inversiones mineras y a un posible cambio en la matriz productiva argentina, pero también inaugura una disputa judicial que pondrá a prueba el equilibrio entre desarrollo, ambiente y federalismo.

Diputados

La aprobación de la adecuación de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados no solo representó un triunfo legislativo para el oficialismo, sino que también abrió un nuevo capítulo de tensión política, económica y judicial. En ese escenario, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, salió a defender con firmeza la iniciativa y a desarmar, punto por punto, las críticas de los sectores ambientalistas y de la oposición, con especial foco en el debate por el agua.

“Es absolutamente ridículo decir que miles de argentinos se van a morir porque va a faltar agua”, afirmó el funcionario, en una de las definiciones más contundentes de su intervención pública tras la votación. En la misma línea, reforzó: “Es absolutamente falso que la gente se vaya a quedar sin agua”, al considerar que se trata de un argumento construido sobre percepciones erróneas y campañas de temor.

Para Lucero, buena parte de la oposición a la reforma se apoya en imágenes y símbolos que no reflejan el contenido real de la norma. “Básicamente la gente que se opone no ha hecho más que presentar imágenes del glaciar Perito Moreno que nadie piensa tocar. Es tratar de generar miedo en la gente”, sostuvo, marcando distancia entre el debate técnico y la discusión pública.

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En diálogo con radio Mitre, Lucero introdujo una comparación que buscó poner en perspectiva el debate sobre el uso del agua: “La inteligencia artificial, la ganadería, la agricultura, ni que hablar”, respondió al ser consultado sobre si otras actividades consumen más recursos hídricos que la minería. De esta manera, el funcionario sugirió que incluso sectores en expansión como la AI -particularmente por el crecimiento de los data centers- pueden demandar volúmenes de agua superiores, sin que eso genere el mismo nivel de cuestionamiento público.

El agua, en el centro de la discusión

Uno de los ejes más sensibles del debate es el rol de los glaciares como reserva hídrica. En ese punto, el secretario buscó desmitificar su peso en el sistema general de provisión de agua. “El agua que alimenta las provincias cordilleranas sale sustancialmente de las precipitaciones del invierno, nieve y lluvia. No son los glaciares los que alimentan las cuencas de los ríos”, explicó.

Además, planteó que existe un déficit de información científica que condiciona el debate. “No se ha podido estudiar el verdadero aporte de los glaciares porque no se hicieron los estudios necesarios”, señaló, al tiempo que cuestionó que hasta ahora los relevamientos se basen principalmente en imágenes satelitales. Según indicó, el conocimiento real requiere estudios de campo prolongados, con mediciones directas durante años.

Para ilustrar la dimensión del aporte hídrico de ciertas geoformas, recurrió a un ejemplo concreto: “Un glaciar de escombros de 10 hectáreas puede equivaler a dos canillas prendidas todo el día. Eso es todo”. Con esa comparación, buscó relativizar el impacto de estos cuerpos en el sistema hídrico general.

Minería y uso del agua: un debate sobredimensionado

El otro gran cuestionamiento que enfrentó la reforma es el uso del agua por parte de la actividad minera. Lucero también fue categórico en ese punto. “La minería usa un 1%, 2% o 3% del agua comparado con otras actividades como la agricultura o la ganadería”, afirmó, en un intento por poner en perspectiva el consumo del sector.

En relación con los riesgos de contaminación, defendió los estándares de la industria. “El agua se usa en circuitos cerrados y va a diques de colas aprobados por la autoridad ambiental”, explicó, destacando que se trata de prácticas reguladas y monitoreadas. En ese sentido, insistió en que la experiencia internacional demuestra la convivencia entre minería y desarrollo urbano: “Hay ciudades enteras viviendo al lado de las minas más grandes del mundo, y no se muere nadie ni falta agua”.

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Seguridad jurídica y el rol de la reforma

Más allá del debate ambiental, el Gobierno pone el foco en el impacto económico de la ley. Para Lucero, el principal problema de la normativa anterior era la falta de claridad. “Cuando hay márgenes de duda, las compañías no pueden invertir”, explicó, al describir cómo la incertidumbre normativa condicionaba la toma de decisiones en proyectos de gran escala.

“El mundo minero entero nos preguntaba qué pasaba con la ley de glaciares”, agregó, al remarcar que el tema no solo era una discusión local, sino también una preocupación en el ámbito internacional.

En ese sentido, sostuvo que la reforma cambia el escenario: “Lo que ganamos es despejar una gran incógnita. Ahora Argentina pasa a ser un lugar donde es razonable invertir miles de millones de dólares”. Según explicó, los proyectos mineros de gran escala -especialmente los de cobre- requieren inversiones que superan los u$s30.000 millones, lo que exige niveles altos de previsibilidad.

RIGI y competitividad internacional

Lucero también vinculó la reforma con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que consideró clave para mejorar la competitividad del país. “Para una gran inversión, sin RIGI Argentina no es considerable; con RIGI sí lo es”, afirmó.

No obstante, reconoció que los procesos de aprobación no avanzan al ritmo esperado. “Van un poco más lento de lo que querríamos”, admitió, aunque aclaró que esto se debe a la complejidad técnica de los proyectos y al volumen de información requerida. Según explicó, muchas veces las empresas deben presentar documentación adicional, lo que extiende los plazos.

El potencial minero y el espejo chileno

En su análisis, el secretario trazó una comparación inevitable con Chile, uno de los principales productores de cobre del mundo. “Queremos ponernos en el camino de empardar a Chile en generación de cobre”, afirmó, al destacar que Argentina cuenta con recursos de alta calidad y aún poco desarrollados.

En ese punto, subrayó una característica clave de la minería metalífera: “El cobre nunca viene solo: viene con oro, plata o molibdeno, lo que mejora la ecuación económica”. Esa condición polimetálica incrementa la rentabilidad de los proyectos y refuerza su atractivo para los inversores.

Sebastián D. Penelli

Además, destacó una ventaja comparativa del país: mientras que en Chile la ley mineral -es decir, la concentración de cobre en la roca- tiende a disminuir, en Argentina los yacimientos presentan altos niveles de calidad y un amplio potencial de exploración.

Más allá de los proyectos específicos, Lucero planteó una visión estratégica de largo plazo para la economía argentina. “La combinación de la energía y la minería tiene que producir otro polo agroindustrial como el de la pampa húmeda”, sostuvo.

La idea, según explicó, es consolidar un eje productivo a lo largo de la cordillera, que integre minería, petróleo y gas -con Vaca Muerta como referencia- y permita diversificar la matriz económica del país.

Federalismo y respaldo político

El funcionario también puso en valor el respaldo político que logró la reforma, tanto en el Congreso como en las provincias. “Es una construcción colectiva de gobiernos provinciales”, afirmó, al destacar el rol de los gobernadores y sus equipos técnicos.

En esa línea, defendió el esquema federal: “Las provincias tienen derecho a gobernar sus recursos, como establece la Constitución”, señaló, en respuesta a quienes cuestionan la delegación de competencias.

Con la aprobación ya concretada, el escenario comienza a trasladarse al plano judicial. Diversas organizaciones ambientalistas anticiparon la presentación de amparos para frenar la aplicación de la norma, lo que abre un frente de incertidumbre en el corto plazo.

El Gobierno, por su parte, se prepara para defender la constitucionalidad de la reforma con argumentos técnicos, económicos y legales. En ese marco, Lucero sintetizó la posición oficial con una definición clara: “El objetivo es tomar decisiones basadas en la racionalidad y la ciencia, no en el miedo”.