Estados Unidos avanza hacia una adopción cripto más segura e institucionalizada, combinando innovación, regulación clara y sostenibilidad ambiental.
Texas crea reserva estatal de Bitcoin, mientras Michigan regula minería sostenible.
Estados Unidos avanza a paso firmes hacia la integración de los criptoactivos en su estructura financiera estatal y federal. Dos estados, Texas y Michigan, se posicionaron esta semana como protagonistas de ese avance, con iniciativas legislativas que no solo buscan regular, sino también incorporar activamente a Bitcoin dentro de sus estrategias económicas y fiscales.
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La Cámara de Representantes de Texas aprobó en segunda lectura el proyecto de ley SB 21, que permitiría al estado establecer una reserva estratégica de Bitcoin. Esta iniciativa, respaldada de forma bipartidista, propone que el Contralor de Cuentas Públicas administre un fondo especial –fuera del tesoro estatal– destinado a la compra y custodia de bitcoin y otros activos digitales que cumplan ciertos requisitos.
Entre las modificaciones destacadas está la enmienda impulsada por la demócrata Linda García, que endurece los criterios de capitalización de mercado para los activos elegibles: ahora deberán mantener un valor mínimo de 500 mil millones de dólares durante al menos 24 meses consecutivos.
Proteger las finanzas estatales frente a la inflación,
Diversificar las reservas públicas más allá de los instrumentos tradicionales,
Y posicionar a Texas como líder en adopción institucional de criptoactivos.
Si el proyecto supera la tercera lectura y obtiene la firma del gobernador Greg Abbott, Texas se convertirá en el tercer estado en contar con una reserva oficial de bitcoin, junto a New Hampshire y Arizona. El estado ya concentra el 28% de la capacidad minera de bitcoin en EE. UU., y esta iniciativa lo afianza como epicentro de la innovación financiera digital.
Mientras tanto, Michigan sorprendió al presentar un paquete de leyes pro-cripto que busca modernizar su regulación financiera. Las cuatro iniciativas legislativas proponen un enfoque equilibrado entre adopción tecnológica, sostenibilidad ambiental y protección institucional:
HB 4510 permite a fondos de pensión públicos invertir en criptoactivos como bitcoin, pero exclusivamente a través de vehículos regulados como los ETF, y siempre que superen una capitalización promedio de USD 250.000 millones.
HB 4511 prohíbe a agencias estatales promover monedas digitales de bancos centrales (CBDC) y protege a usuarios y operadores de criptomonedas de discriminación fiscal o regulatoria.
HB 4512 y 4513 fomentan la minería de bitcoin en pozos de petróleo y gas abandonados, ofreciendo incentivos fiscales a cambio de la restauración de esos sitios y el uso de energía residual, en un enfoque innovador que vincula cripto y sostenibilidad ambiental.
Paralelamente, en el Congreso de EE. UU. avanzan dos propuestas clave para otorgar mayor certeza regulatoria a nivel nacional. La Blockchain Regulatory Act, liderada por el republicano Tom Emmer, busca eximir de regulaciones como “transmisores de dinero” a desarrolladores y servicios blockchain no custodios, protegiendo así la innovación en tecnologías descentralizadas.
Por su parte, la Ley FIT, impulsada por el demócrata Ritchie Torres, plantea un marco jurisdiccional para los criptoactivos, asignando su supervisión a la SEC o la CFTC según el grado de descentralización. Además, introduce pautas estrictas para la emisión de stablecoins, como reservas completas y la posibilidad de elegir entre regulaciones federales o estatales.
Estas iniciativas, tanto estatales como federales, evidencian un cambio de paradigma en EE. UU.: lejos de frenar la innovación, la tendencia es integrar los criptoactivos al sistema financiero tradicional bajo marcos normativos precisos. Texas y Michigan muestran que es posible combinar prudencia regulatoria, sostenibilidad y audacia institucional. La clave será mantener ese equilibrio para que la adopción de criptomonedas no solo sea segura, sino también estratégicamente beneficiosa para los estados y sus ciudadanos.
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