El oficialismo firmó dictamen para blindar los activos del FGS

La Comisión de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social debatió el proyecto que establece un cambio en el mecanismo de financiamiento del pago a los jubilados que adhirieron a la ley de Reparación Histórica. La oposición esperará hasta mañana para decir si lo acompaña o presenta un dictamen propio.

El oficialismo en la Cámara de Diputados consiguió dictamen esta noche para el proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional (FGS), que buscará tratar la semana que viene en el recinto. Luego de realizarle varias modificaciones a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, desde la oposición pidieron hasta mañana para decidir si acompañan el texto o presentan un despacho propio.

El plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social contó con las exposiciones de la titular de la ANSES, Fernanda Raverta y el director Ejecutivo del FGS, Lisandro Cleri.

En tanto, la comisión de Presupuesto que encabeza el diputado oficialista, Carlos Heller, pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 15, para comenzar a debatir los otros dos puntos que disponía en temario: el Aporte Solidario y Extraordinario sobre los patrimonios superiores a 200 millones de pesos y una iniciativa que busca prohibir la ayuda estatal en el marco de la pandemia a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal.

"Hay que recordar que este es un fondo de garantías para 7 millones de jubilados y pensionados, mientras que Reparación Histórica es para 900 mil. Es importante volver a la idea de que el fondo les pertenece a la totalidad de los jubilados", explicó Raverta, al defender la necesidad de esta ley.

La iniciativa, establece un cambio en el mecanismo de financiamiento del pago a los jubilados que adhirieron a la ley de Reparación Histórica, con el fin de evitar que se vendan los activos que tiene en su poder el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La norma aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri contempla esa posibilidad en el caso de que no existan los recursos necesarios dentro del sistema previsional.

Además, contempla la renegociación de la deuda que 17 provincias tienen con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

"Es un proyecto muy importante porque da soluciones a cinco problemas a resolver: el financiamiento del programa de reparación histórica, el préstamo con las provincias, las inversiones productivas del FGS, la regularización de créditos Argenta y los derechos políticos de las acciones de las sociedades en carteras del FGS", añadió la directora Ejecutiva de la ANSES.

Además, indicó que “la idea es que podamos ser parte en este enorme esfuerzo que tenemos que hacer para reconstruir la Argentina. Esta es una ley que tiene distintas miradas, distintos problemas y distintas soluciones".

A su turno, el diputado de la UCR por San Luis, Alejandro Cacace, expresó que para Juntos por el Cambio "es muy importante que se cumplan los beneficios de la reparación histórica" y solicitó que se defina la modalidad de financiamiento de la misma.

Ante esta cuestión, la funcionaria de la ANSES explicó que los recursos para el pago de la Reparación Histórica provendrán del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y, si hace falta, del Tesoro Nacional.

En tanto, la legisladora de Consenso Federal, Graciela Camaño, señaló que “no cabe dudas que necesitamos ajustar algunas cuestiones referidas al tema jubilaciones. Es imposible que alguien que haya transitado la función pública en la Argentina alrededor de todo este tiempo, sea algo que pueda negar".

“Las modificaciones que hagamos necesitamos hacerlas con los números en nuestras bancas. Si hay un sistema que necesita previsibilidad en el tiempo es el sistema previsional. Sobre la base de qué números estamos diciendo que el fondo se insolventa”, preguntó y pidió asimismo que el pago de la Reparación Histórica no quede "atado" al Presupuesto.

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Ante este cuestionamiento, Raverta respondió que se estima que "10.000 millones de pesos de la Reparación Histórica deberían pagarse con el FGS" y junto con Heller aceptaron modificar la redacción del artículo 2 del proyecto para dejar bien en claro la cuestión de dónde provendrán los fondos.

Respecto a la posibilidad de una nueva moratoria previsional, la funcionaria evaluó que "es un tema más de los que estamos analizando para tomar las mejores decisiones para los jubilados. La Argentina se va a poner de pie en la medida que logremos condiciones de desarrollo y dignidad para quienes integran la comunidad".

Heller manifestó la intención de pasar a la firma del dictamen con celeridad para que el proyecto pueda ser tratado en la próxima sesión. "Estamos en una crisis que tiene que ver con una situación anterior, con el efecto de 6 meses de Covid y con la incertidumbre de no saber cuando esta pesadilla va a terminar. Por eso tenemos que esforzarnos a buscar soluciones equilibradas", dijo.

Tras pasar a un cuarto intermedio de una hora en la que desde la ANSES se trabajo en la nueva redacción del proyecto, incorporando las modificaciones solicitadas por la oposición, se pasó a la firma del dictamen que obtuvo mayoría en ambas comisiones.

El dictamen establece que habrá un plazo de ocho meses para negociar los préstamos entre las provincias y la ANSES, que se cancelarán con un bono donde se definirán el plazo y donde se tendrán en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación.

Sobre este punto, Heller propuso ajustar la redacción de ese artículo para que quede claro que los ochos meses son para renegociar esa deuda, ya que se cancelará con un bono que cada provincia negociará con la ANSES, antes los cuestionamientos de legisladores que pedían que se concedan plazos mas extensos a las provincias.

Otro punto que se discutió en el plenario fue cómo se ajustará esa deuda y se estableció que la deuda en concepto de capital se cancele íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán con una tasa de interés de 1 por ciento anual y se calcularán sobre el capital, que será ajustada con la tasa que se paga en plazos fijos, en lugar del CER como se había establecido en el proyecto del Gobierno.

Heller fijó hasta este miércoles a las 12 el plazo para que Juntos por el Cambio adhiera al despacho de mayoría o presente su propio dictamen, como sí anunció que hará la izquierda.

Aporte Solidario

El proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, que propone que las personas con un patrimonio superior a $ 00 millones hagan una contribución por única vez al Estado, con el fin de recaudar unos $ 300.000 millones para paliar las consecuencias de la pandemia comenzará finalmente a ser debatido mañana a las 15.

Según las estimaciones estarán alcanzadas aproximadamente 12.000 personas a las que se les aplicaría un gravamen que va desde el 2% hasta el 3,5% del patrimonio.

El texto establece que escala de alícuota según el patrimonio declarado hasta el 31 de diciembre de 2019: 2% para entre $200-$300 millones; 2,25% hasta $400 millones; 2,75% hasta $600 millones; 3% hasta $800 millones; 3,25% hasta $1.500 millones; y 3,5% para más de $3.000 millones. Según los cálculos realizados, alrededor de la mitad de las personas alcanzadas por este aporte tienen entre $200 a $400 millones.

El Frente de Todos aspira a poder votar esta iniciativa a fines de septiembre en el recinto de sesiones, que ya cosechó los respaldos de bloques provinciales y Consenso Federal, lo que le garantiza contar con los 129 votos necesarios para si aprobación, informaron fuentes del oficialismo.

Además, analizarán un tercer un proyecto de ley presentado por el oficialista Pablo Carro, por el cual se propone la prohibición de ayuda económica dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria para empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal.

Carro explicó que "debe haber una ley que proteja y priorice a las empresas domiciliadas en el país que, habiendo cumplido con todos los tributos argentinos, puedan recibir asistencia financiera en el ámbito de situaciones de emergencia, catástrofe o fuerza mayor, respecto de aquellas domiciliadas en 'paraísos fiscales' o que ha sido comprobada su evasión fiscal por parte de la AFIP".

El proyecto aclara que "la ayuda financiera realizada excepcionalmente por el Estado y sus diferentes organismos deberá excluir a las empresas registradas en paraísos fiscales o con probada evasión fiscal determinada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)".

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