Iguacel es investigado por "abuso de poder" contra CPC

El Gobierno de Macri, con el multidenunciado Javier Iguacel en Vialidad, provocó la ruina de la constructora a cargo de remodelar tres tramos de la Ruta 3. Una concatenación de decisiones arbitrarias que se encuadró en la persecución al Grupo Indalo.

La rescisión del contrato de la remodelación de tres tramos de la Ruta Nacional N°3 en manos de la constructora CPC S.A. fue parte de la persecución del gobierno de Mauricio Macri contra los accionistas del Grupo Indalo. Así se desprende de la denuncia penal por “abuso de poder” y otros delitos contra el extitular de Validad Nacional, Javier Iguacel, quién tomó decisiones administrativas de manera “arbitraria”, que impidieron el avance de las obras y perjudicaron financieramente a la empresa contratista. La justicia ya lo investiga.

En 2016, CPC resultó adjudicataria de las obras de terminación de los tres tramos de la Ruta 3, una a la altura de Rada Tilly (km 1843), en Santa Cruz sobre el kilómetro 1.908 y en Caleta Olivia.

A los pocos meses de iniciados los trabajos sobre el asfalto, entre marzo y abril de 2017, un fuerte temporal de lluvia azotó a Comodoro Rivadavia y sus alrededores, destruyó las obras realizadas e incluso, modificó las condiciones de la traza de la ruta. Como se explicó en la denuncia contra Iguacel, esta situación extraordinaria e impredecible demoró el plan proyectado y significó atrasos.

Sin embargo, el director de Vialidad aprovechó la ocasión para aplicar de manera arbitraria y abusiva fuertes multas contra CPC, que claramente obedecían a motivaciones fuera del marco de contralor que debía llevar el organismo. Más allá de la multas, la empresa a cargo de las obras presentó un nuevo plan, pero en otra decisión que no pudo ser demostrada en razón de mérito y oportunidad, Iguacel no lo aprobó, generando un perjuicio también a la consecución de las obras.

Pero el ensañamiento, descripto en la denuncia, no terminó allí. En línea con la misma matriz persecutoria, Vialidad aplicó nuevas multas “ilegítimas” con montos exorbitantes a la compañía constructora sin tener en cuenta el evento climático y sin reconocer la demora en la aprobación de los nuevos planes de obra. Tampoco se le informó correctamente a la empresa el inicio de sumarios administrativos y, en paralelo, se sumergió a CPC en una compleja situación financiera, con la dilación del pago de certificados de obra por trabajos terminados. El propósito era que esta empresa no ejecutara los proyectos a su cargo y quedara financieramente ahogada.

De acuerdo al escrito, con estas maniobras ilegales, CPC llegó al segundo semestre del 2017 con una deuda acumulada, a su favor, de $1.000 millones que la Dirección de Vialidad de Iguacel nunca pagó, en una intención más dirigida a que la constructora quiebre. Y así fue que todas esas acciones generaron, finalmente, un colapso financiero de la firma y se presentó a concurso preventivo de acreedores.

En medio del concurso, CPC pidió retomar las tareas para sostener los empleos y continuar con el contrato de las obras en Ruta 3, con una normalización de los pagos adeudados. Pero el desvío de poder por el que se lo acusa a Iguacel fue más explícito: enterados en Vialidad de esa idea de retomar las obras (aun en el marco de un concurso), intimaron a la empresa por carta documento a reanudar las obras en 5 días, bajo amenaza de rescisión del contrato. Como para CPC era imposible retomar la obra en un plazo exiguo, Iguacel finalmente rescindió los contratos.

En la denuncia contra Iguacel, quedó en claro que el Gobierno de Macri dio de baja las obras viales a CPC y en simultáneo las concesiones otorgadas a su controlada AEC S.A. (a cargo de la autopista Ezeiza-Cañuelas) con el “inocultable propósito” de forzar la quiebra de las empresas, y todo ello, en el marco de la “feroz persecución” desatada por el Ejecutivo de Macri contra las compañías del Grupo Indalo que ahora están siendo investigadas en tribunales.

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