Como podría presuponerse desde hace ya varios meses, José María Aguilar deberá presentarse ante la Justicia para afrontar un juicio oral por «apropiación indebida de impuestos», producto de los pases y ventas de varios jugadores, por lo que está expuesto -entre otras cosas- a quedar inhabilitado como titular de la entidad y otras funciones dirigenciales.
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El juez en lo penal tributario Javier López Biscayart cerró la etapa de instrucción, por lo que el dirigente deberá afrontar un juicio que tiene carácter de inédito en el ambiente futbolístico local. Según la investigación que llevó adelante el magistrado, los impuestos fueron deducidos de las ventas y pases. Además, tampoco se realizaron los aportes jubilatorios de jugadores que fueron descontados. Saliendo al cruce de esta información, la oficina de prensa de la entidad de Núñez hizo circular un comunicado en el que reconoce la demora en realizar los depósitos fiscales de rigor, pero aclara que la decisión obedece a la difícil situación económica e institucional que afrontó el país en 2002 tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.
Además señala que los impuestos que debían ser girados a la AFIP por el Club Atlético River Plate, fueron finalmente depositados sin que mediara intimación judicial alguna y con el correspondiente pago de los intereses por la mora (aunque se cree que se hizo efectivo con posterioridad a la decisión del juez).
Según River, «la suma total depositada asciende a 4.319.140 pesos y no, como se ha intentado instalar en la opinión pública, sumas que triplicaban lo finalmente pagado», se indica en uno de los puntos del comunicado.
«Esa situación se originó en uno de los peores momentos económicos de nuestro país, a lo largo de 2002, con restricciones de circulante, acorralamiento de fondos y, escasa actividad económica», se explica en otro pasaje del comunicado.
La actual conducción de River reconoce que se abre una instancia judicial que le permitirá al presidente Aguilar demostrar que la mora en cuestión no constituyó delito alguno «ni merece otra sanción que la pecuniaria ya establecida por vía del pago de intereses».
López Biscayart hizo lugar a un pedido de ampliación de declaración de Aguilar, quien hasta el momento alegó que ese dinero lo utilizó para mejorar las instalaciones del club. En los próximos meses, la causa será sorteada y un Tribunal en lo Penal Económico fijará la fecha de juicio.
Aguilar no está atravesando su mejor momento político como presidente de la entidad, donde debe afrontar una feroz interna entre los integrantes de la barra brava conocida popularmente como «los borrachos del tablón».
Por otra parte, el dirigente es duramente cuestionado desde distintos sectores de la oposición por el manejo económico del club. Además, debió declarar ante la Justicia por los hechos de violencia que produjo un sector de la hinchada, cuyo hecho más sangriento fue el asesinato del joven Gonzalo Acro, y como lamentable final del incidente ocurrido en las instalaciones del club.
