La Cámara de Casación Penal anuló el juicio en el que se declaró inimputable al tirador serial de Belgrano por entender que los jueces no tomaron en cuenta los estudios que decían que era un "simulador" y porque hubo "graves defectos" en la valoración de la prueba.
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En el fallo el camarista Eduardo Riggi sostuvo que el tribunal oral que juzgó a Martín Ríos "no efectuó un análisis pormenorizado de numerosas constancias obrantes en el legajo de salud del imputado".
En ese sentido, el magistrado mencionó los peritajes psicológicos y psiquiátricos efectuados a poco de que Ríos fuera detenido el 14 de julio de 2006 y no analizó lo que surgió del debate oral, cuando 12 peritos dijeron que era un esquizofrénico inimputable y cinco un simulador.
Como ejemplo, mencionó un informe realizado del 17 de julio de 2006 efectuado por la psicóloga Norma Miotto y el médico forense Ricardo Risso, quienes sostuvieron que "no se han detectado en el curso del examen trastornos de sus percepciones y no se hicieron evidentes fenómenos alucinatorios.
Otro estudio del 2 de agosto del mismo año, mencionó que Ríos "se encuentra orientado en tiempo y espacio" y se muestra "colaborador" en sus actividades diarias y no así cuando es entrevistado por profesionales, momento en que "cambia rotundamente su actitud, abstrayéndose en forma completa".
"El interno es manipulador y reticente a cooperar para esclarecer su conducta delictiva y perfil criminológico, señaló un informe.
Cuando fue internado en el neuropsiquiátrico del Hospital Borda, al día siguiente, poco después se hizo un informe que detallaba que dialogó 45 minutos con su abogado defensor y habló 20 minutos por teléfono con su familia.
Sin embargo, al concurrir una psiquiatra y un psicólogo se mostró "poco comunicativo" y no respondió a las preguntas que se le formularon, especialmente aquellas que lo pudieran comprometer.
Otros informes afirmaron que "se podría pensar en un esfuerzo por parte del paciente de ser incoherente? y que las conductas señaladas en los estudios del Cuerpo Médico Forense no se corresponden con ninguno de los informes de la cárcel.
"Entendemos que el tribunal debió expresar las razones por las que descartó el análisis de lo que surgía de tales informes, los que aparecen contrapuestos a las conclusiones realizadas a dos años de los hechos, el 25 de marzo de 2008, en donde se afirma que Ríos no pudo comprender la realidad ni dirigir sus acciones", dijo el camarista Riggi.
En un voto al que adhirió la jueza Liliana Catucci, se afirmó que el tribunal oral tampoco tuvo en cuenta la conducta previa y posterior a los hechos por parte de Ríos.
Como ejemplo, citó que el imputado tenía un permiso de tenencia de armas otorgado en 2000 que vencía en 2005 y que lo renovó en junio de ese año, lo que indica "un claro conocimiento y comprensión acerca de la necesidad de realizar la gestión".
También se tuvo en cuenta que cuando Ríos fue detenido tras los ataques dio sus datos personales y se resistió a ser apresado, conducta que "en principio parece propia de quien comprende que se encuentra en una situación cuanto menos irregular".
"Si una persona resulta capaz de captar aunque fuera limitadamente una situación de esta entidad, pareciera que está en condiciones de comprender la antijuricidad de conductas mucho más disvaliosas como son las que se le reprochara en las presentes", sostuvo Riggi.
Al respecto, dijo que el tribunal oral "ha considerado en forma fragmentaria los elementos de juicio, ha incurrido en omisiones y falencias, prescindiendo de una visión en conjunto y de la necesaria correlación entre sí de las pruebas y elementos indiciarios".
"En suma, advertimos graves defectos en la valoración de la prueba con relevancia decisiva para dirimir la controversia planteada, que invalidan a la sentencia", agregó.
La Cámara de Casación también criticó a los padres de Ríos y los calificó de "irresponsables" por permitirle a su hijo la tenencia de armas y la práctica de tiro cuando tenía antecedentes de consumo de estupefacientes por los que estuvo internado.
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