“Si vos dejás eso a las dinámicas del mercado sin intervenir, no te funciona. Al contrario, vas a tener más exclusión”. La advertencia pertenece a Elkin Velásquez, representante regional de ONU-Hábitat para América Latina y el Caribe, quien en diálogo con Ámbito analizó las dificultades para acceder a una vivienda adecuada y puso en valor a las políticas públicas para corregir las fallas del mercado inmobiliario. “Lo realmente importante es cuál es el acceso que tienen las personas a una vivienda y la seguridad en la tenencia”, sostuvo.
El representante de ONU-Hábitat en Latinoamérica destacó el rol del Estado en el acceso a la vivienda: "Sin intervención habrá más exclusión"
En diálogo con Ámbito, Elkin Velásquez analizó la crisis de vivienda, las dificultades de los jóvenes para independizarse y la necesidad de una planificación urbana integral.
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Elkin Velásquez: “La vivienda tiene una función social. No son solamente paredes y un techo puestos en el territorio".
El funcionario se encuentra en Argentina para, entre otras cosas, participar de un encuentro regional sobre movilidad urbana y realizar un seguimiento del trabajo que ONU-Hábitat desarrolla junto a Fundación YPF en San Antonio y Sierra Grande, Río Negro, localidades atravesadas por el crecimiento de la actividad energética.
La iniciativa busca que las comunidades cercanas a los proyectos productivos también puedan beneficiarse del desarrollo económico, a través de inversiones en infraestructura y mejoras en la calidad de vida.
La crisis de vivienda y las dificultades para acceder a un hogar
Velásquez contextualizó la situación argentina dentro de una crisis habitacional global. Según explicó, el encarecimiento de los inmuebles y los alquileres en relación con los ingresos dificulta cada vez más el acceso a una vivienda. En América Latina, el problema se profundiza por las condiciones de precariedad de los asentamientos informales: una de cada cinco familias de la región vive en barrios informales o favelas, estimó.
En la Ciudad de Buenos Aires, esa transformación se refleja en el crecimiento de los hogares inquilinos. Según datos del CEPA, pasaron del 24% en 2003 al 36,2% en 2026, mientras que los hogares propietarios descendieron del 64% al 52,2%. Para el funcionario, sin embargo, el aumento del alquiler no debe interpretarse por sí solo como un indicador negativo: existen ciudades como Berlín y Viena donde esa modalidad es una de las principales formas de acceso a la vivienda, sostenida por un importante parque de viviendas públicas.
“No hay una regla de oro sobre qué porcentaje tiene que ser de propiedad y qué porcentaje debe ser en alquiler. Lo que sí hay es una regla de oro sobre la calidad de la vivienda y el acceso a la vivienda”, afirmó. En ese sentido, diferenció el déficit habitacional cuantitativo —la cantidad de unidades que hacen falta— del cualitativo, relacionado con las condiciones de los hogares existentes, como la ventilación, el aislamiento, el saneamiento y la seguridad de las construcciones.
Jóvenes, alquileres y el papel del Estado
Uno de los sectores más afectados por las dificultades de acceso a la vivienda es el de los jóvenes. La Encuesta Inquilina 2025 de la UBA mostró que el 53% de los hogares con jefatura joven destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler. Además, el 56% de los hogares relevados esperaba continuar alquilando dentro de cinco años.
Frente a ese escenario, Velásquez consideró que las políticas habitacionales deben contemplar las necesidades de cada etapa de la vida. “Hay mayores barreras para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda. Precisamente, la política pública debe y puede introducir herramientas para acompañar y disminuir esas fallas del mercado”, sostuvo.
Entre las alternativas mencionó subsidios temporales, incentivos para generar viviendas destinadas a ese segmento y tasas de interés más bajas para los créditos hipotecarios. También advirtió que los sectores con mayor poder adquisitivo suelen tener más posibilidades de acceder a las zonas mejor ubicadas, mientras que las familias con menos recursos se ven obligadas a alejarse de los centros urbanos.
Planificación urbana y desigualdad entre la Ciudad y el conurbano
Al analizar la relación entre Buenos Aires y el conurbano, Velásquez sostuvo que se trata de una problemática extendida en las grandes ciudades latinoamericanas. A su juicio, buena parte de las dificultades actuales responde a décadas de expansión urbana sin una planificación adecuada.
“La clave es diseño y planificación urbana. Eso es absolutamente central”, afirmó. Para los barrios que ya crecieron de manera informal o desordenada propuso avanzar con procesos de revitalización, renovación urbana y mejoramiento integral, que contemplen las viviendas, los espacios públicos y los servicios.
También planteó que las políticas deben superar los límites administrativos de cada municipio. “Lo apropiado, inteligente y eficiente es mirar el mercado inmobiliario en el contexto del conurbano”, señaló. Según explicó, el transporte, la provisión de agua y energía y la gestión de residuos requieren una mirada metropolitana, porque las dinámicas cotidianas de la población no se detienen en las fronteras municipales.
La dimensión del problema también aparece en los barrios populares porteños. Un relevamiento de Tejido Urbano indicó que el 89% de los hogares presenta al menos una problemática habitacional y el 62% vive en viviendas con materiales deficitarios. A su vez, un informe de organizaciones sociales y organismos públicos advirtió sobre la caída de los recursos destinados a la integración sociourbana en el Presupuesto porteño de 2026.
La vivienda como inversión social
Para Velásquez, la política habitacional debe dejar de considerar la vivienda únicamente como un gasto o la construcción de paredes y techos. “La vivienda tiene una función social. No son solamente paredes y un techo puestos en el territorio. Importa mucho dónde lo pongo, cómo facilito el acceso y la política que lo engloba”, afirmó.
El funcionario sostuvo que mejorar las condiciones de los hogares y los barrios puede tener efectos sobre la seguridad, la salud y la educación. Por ejemplo, la cercanía de espacios públicos favorece la actividad física, mientras que una vivienda segura y con ambientes adecuados puede mejorar las condiciones de estudio de los niños.
“Si vos medís el impacto en todos esos sectores, te das cuenta de que tiene no solamente un impacto en términos de mejoramiento de la calidad de vida, sino que también tiene un impacto en términos financieros”, explicó. Según planteó, esos beneficios pueden traducirse en ahorros para otras áreas de la administración pública.
Al sintetizar los principales desafíos de las ciudades latinoamericanas, Velásquez identificó tres demandas centrales: “inseguridad, movilidad y vivienda”. También destacó la necesidad de desarrollar infraestructura para el cuidado y de reducir los tiempos de traslado mediante sistemas de movilidad integrados.
“Una ciudad o un barrio que ofrece mejores estándares en infraestructura y calidad de vida suele estar correlacionado con mejores situaciones de percepción de seguridad y con menores niveles de crimen y violencia”, argumentó.
Río Negro: vivienda, espacios públicos y gestión de residuos
“El objetivo central es que los territorios que generan la riqueza de un país se puedan beneficiar directamente y más rápidamente de ese progreso”, explicó Velásquez sobre el acuerdo con Fundación YPF. A partir del trabajo con las autoridades locales y las comunidades, identificaron tres áreas prioritarias: vivienda, espacios públicos y manejo y gestión de residuos sólidos.
El representante de ONU-Hábitat aclaró que el organismo no actúa como financiador directo, sino que aporta asistencia técnica para diseñar y estructurar proyectos que puedan recibir inversiones públicas y privadas. “No se trata solamente de sacar el recurso de una cuenta de banco de un fondo y gastar, sino de invertir en proyectos bien diseñados”, señaló. También destacó la importancia de transferir conocimientos a los gobiernos locales para que puedan sostener las iniciativas en el tiempo.
La metodología, agregó, puede replicarse en otros municipios, aunque debe adaptarse a las características de cada territorio. En ese sentido, consideró que Argentina tiene una oportunidad para transformar el aprovechamiento de sus recursos naturales en beneficios concretos para las comunidades donde se desarrolla la actividad productiva.





