El organismo propone exigencias que apuntan a asegurar la disponibilidad de fondos, incluso ante despidos masivos.
Las cuentas asociadas al Fondo de Asistencia Laboral contarán además con una exención impositiva específica
El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) desde ARCA, una herramienta incluida dentro de la reforma laboral, que modifica el esquema destinado al pago de indemnizaciones y otras obligaciones vinculadas a la finalización de la relación laboral en el sector privado.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La medida quedó formalizada mediante su publicación en el Boletín Oficial y establece los criterios operativos para la puesta en marcha del nuevo sistema. La normativa define quiénes podrán acceder al beneficio, cómo se integrarán los recursos, cuál será el mecanismo de financiamiento y qué organismos tendrán participación en la administración y control de los fondos.
El nuevo mecanismo alcanza exclusivamente a empleadores y trabajadores registrados del sector privado. La disposición deja fuera de su alcance al sector público y a aquellas relaciones laborales que la legislación excluya expresamente.
Las empresas privadas deberán abrir una cuenta individual dentro de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros, autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Cada empleador tendrá que seleccionar una entidad habilitada para administrar los recursos correspondientes. Una vez completado ese procedimiento, recibirá un identificador único denominado "ID FAL".
El sistema concentrará la recaudación de los aportes a través de la declaración unificada de la seguridad social. Ese mecanismo permitirá centralizar la información y simplificar el proceso administrativo para los empleadores. El organismo será responsable de transferir los aportes a la cuenta correspondiente de cada empresa.
La reglamentación prevé una solución automática para los casos en que un empleador no informe el identificador asignado. En esas situaciones, la Comisión Nacional de Valores dispondrá la asignación de un fondo de oficio, para evitar interrupciones dentro del sistema. La normativa también fija un límite para los costos de gestión. La comisión anual no podrá superar el 1% de los activos administrados.
El nuevo esquema incorpora incentivos destinados a las compañías que participen del sistema. Las contribuciones mensuales efectuadas al Fondo de Asistencia Laboral podrán computarse como deducciones dentro del Impuesto a las Ganancias.
Las empresas también accederán a una reducción equivalente sobre determinadas cargas patronales vinculadas a la seguridad social. El diseño del régimen busca transformar las obligaciones futuras relacionadas con indemnizaciones en aportes periódicos, realizados durante la vigencia de la relación laboral.
La estructura planteada permite que los recursos se acumulen gradualmente, dentro de cuentas específicas administradas por entidades autorizadas.
La reglamentación establece un procedimiento específico para los casos de desvinculación laboral alcanzados por el Fondo de Asistencia Laboral. El empleador deberá presentar una declaración jurada electrónica cuando se produzca la finalización del vínculo laboral.
La entidad financiera encargada de administrar los recursos verificará posteriormente los datos correspondientes al trabajador. El sistema prevé una transferencia directa a la cuenta bancaria del beneficiario una vez completada la validación requerida. La normativa fija un plazo máximo de cinco días hábiles para concretar la acreditación de los fondos.
La reglamentación aclara que la determinación del monto final de la liquidación continuará bajo responsabilidad exclusiva de cada empresa. El procedimiento automatizado apunta a agilizar el acceso a los recursos previstos para afrontar las obligaciones derivadas del despido.
El decreto contempla situaciones vinculadas con reorganizaciones corporativas y movimientos de personal dentro de distintas estructuras empresariales. La normativa incorpora reglas específicas, para garantizar la portabilidad de los recursos acumulados cuando existan transferencias o modificaciones societarias.
El esquema también prevé sanciones para las empresas que incumplan con los depósitos correspondientes. ARCA tendrá facultades para intervenir mediante mecanismos de ejecución fiscal, en aquellos casos donde se detecten incumplimientos relacionados con los aportes obligatorios.
La reglamentación determina que esos fondos no estarán alcanzados por el impuesto a los débitos y créditos bancarios. El nuevo marco operativo completa así la estructura necesaria para la implementación del Fondo de Asistencia Laboral, una herramienta que modifica el sistema previsto para afrontar indemnizaciones y obligaciones laborales dentro del sector privado registrado.