Embargar al que menos puede: la paradoja fiscal que golpea a las PyMEs

Entre 2021 y julio de 2026, la Delegación Regional Rosario de ARCA trabó 27.045 embargos sobre 11.458 empresas. Tres de cada cuatro fueron microempresas. Desde FECOI pedimos algo razonable: que el Estado cobre sin destruir al que mañana tiene que volver a pagarle.

Hay datos que deberían incomodar. Incomoda el informe elaborado por Fundación Apertura para la Red de Instituciones por la Producción Rosario, a partir de información oficial de ARCA obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública.

Entre 2021 y julio de 2026, la Delegación Regional Rosario de ARCA trabó 27.045 embargos sobre 11.458 empresas. El dato más contundente es también el más preocupante: tres de cada cuatro embargos recayeron sobre microempresas. Si se consideran exclusivamente las empresas caracterizadas como MiPyMEs, la concentración llega al 92%.

Entonces cuestionamos: ¿tiene sentido aplicar el instrumento más severo de la ejecución fiscal precisamente sobre quienes tienen menor capacidad financiera para soportarlo?

El embargo dejó de ser una excepción

Los números muestran algo más profundo que una simple estadística de cobranzas. Mientras el universo de empresas alcanzadas se reduce, la intensidad de las medidas aumenta.

En 2021 se registraban aproximadamente 1,1 embargos por empresa alcanzada. En 2026 esa relación trepa a 3,2 medidas por empresa. Es decir, sobre las empresas que entran en el circuito de ejecución fiscal, la presión se multiplica.

Y hay otro dato que debería encender una luz amarilla: con 3.713 embargos registrados durante los primeros siete meses de 2026, la proyección simple del informe lleva el año a unos 6.365 embargos, un 57,8% más de embargos que en 2025. En el caso de las microempresas, la proyección de crecimiento llega al 61,5%.

La empresa de siete personas no es un gran evasor

Hay una cuestión que muchas veces se pierde detrás de la frialdad de una planilla fiscal: una microempresa puede tener apenas siete trabajadores. No tiene un departamento jurídico, un gerente financiero ni un equipo tributario permanente.

Cuando se embarga su cuenta bancaria, no se afecta simplemente una cifra contable. Se afecta el capital de trabajo con el que esa empresa paga proveedores, salarios, servicios y compra mercadería.

El informe estima que una microempresa demora, en promedio, 181 días —unos seis meses— en resolver un embargo. Para una empresa cuyo horizonte financiero muchas veces no supera los 90 días, seis meses de incertidumbre pueden ser una eternidad.

Es justamente allí donde el Estado debería introducir inteligencia en la política de cobro. Porque recaudar no es solamente cobrar hoy. También es conservar mañana al contribuyente que produce, emplea y vuelve a pagar impuestos.

Qué es el proyecto de ley de “Políticas de alivio y reactivación para las MiPyMEs”

La pregunta es: ¿cómo cobrar sin destruir la capacidad productiva que genera esos mismos recursos fiscales? Y desde la Federación Gremial del Comercio e Industria venimos planteando una respuesta concreta.

FECOI impulsó un proyecto de ley de “Políticas de alivio y reactivación para las MiPyMEs”, que encontró eco en una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados de la Nación por el diputado Pablo Farías. El objetivo es: no subsidiar la ineficiencia ni perdonar indiscriminadamente al incumplidor, sino evitar que una crisis de liquidez termine transformándose en la desaparición de una empresa viable.

Proponemos suspender durante un año el inicio de nuevos juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares por parte de ARCA, siempre que la empresa mantenga al menos el 90% de su nómina promedio. No se trata de una moratoria sin condiciones: se vincula el alivio fiscal con la preservación del empleo.

Además el proyecto propone limitar el embargo al monto nominal reclamado más un 15% para costas e intereses, dejando disponible el remanente.

Un régimen excepcional de regularización tributaria, para obligaciones vencidas, con condonación de multas y sanciones no firmes y una reducción sustancial de intereses. El objetivo es que la empresa pueda regularizarse sin que el plan de pagos sea, en sí mismo, una sentencia de muerte financiera.

Pero el alivio no puede agotarse en la deuda acumulada. También hay que atacar el problema de la falta de capital de trabajo.

Por eso el proyecto propone reducir durante dos años los anticipos de Ganancias al 25% de lo habitual para micro y pequeñas empresas y al 50% para medianas. Y plantea que el 100% del denominado Impuesto al Cheque pueda computarse como crédito a cuenta de Ganancias, con posibilidad de trasladar los saldos remanentes durante cinco ejercicios fiscales.

Y hay algo más que el sector empresario viene reclamando hace años: previsibilidad. La iniciativa propone 24 meses de estabilidad fiscal, evitando nuevos tributos nacionales, aumentos de alícuotas o incrementos de regímenes de retención y percepción para las MiPyMEs.

La propuesta también incorpora financiamiento productivo con plazos mínimos de 36 meses y seis meses de gracia para inversión, y líneas específicas para capital de trabajo. Y pone sobre la mesa una cuestión elemental pero frecuentemente incumplida: que el Estado nacional pague sus facturas a las MiPyMEs en un plazo máximo de 30 días.

Desde FECOI pedimos algo razonable: que el Estado cobre sin destruir al que mañana tiene que volver a pagarle. Argentina necesita equilibrio fiscal, sí. Pero también necesita empresas. Porque si cada embargo termina apagando una empresa, el Estado quizás gane una ejecución fiscal. Pero pierde un contribuyente. Y cuando eso se multiplica por miles, deja de ser una política de recaudación. Se convierte en un problema de desarrollo.

*Presidente de la Federación Gremial del Comercio e Industria