La nueva normativa crea un Registro Nacional de Talleres y establece plazos diferenciados, según antigüedad y uso, sin modificar las exigencias de seguridad.
El Gobierno nacional habilitó talleres privados para realizar la RTO y modificó los plazos de controles.
El Gobierno Nacional oficializó una reforma profunda en el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y Verificación Técnica Vehicular (VTV) mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte. La medida crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos y permite que establecimientos privados realicen los controles.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Esta apertura alcanza a talleres independientes, concesionarios e importadores que cumplan con los requisitos técnicos. Los conductores podrán elegir dónde realizar la inspección siempre que el taller esté inscripto en el nuevo registro, que depende del Ministerio de Economía.
La inscripción es digital, gratuita y se gestiona a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) con declaración jurada. Si la autoridad no responde en plazo, se otorga habilitación provisoria automática.
Uno de los cambios más relevantes afecta la frecuencia de las revisiones. Para vehículos particulares 0 km, la primera inspección obligatoria se posterga hasta los cinco años de patentamiento. Luego, los autos de hasta 10 años de antigüedad deberán pasar la revisión cada 24 meses, mientras que los de más de 10 años mantendrán el control anual.
En el caso de vehículos destinados al transporte de cargas o pasajeros, la primera revisión se mantiene dentro de los 12 meses iniciales y las posteriores siguen siendo anuales.
La reforma también impulsa la creación de una base informática nacional unificada. La Subsecretaría de Transporte Automotor desarrollará este sistema para registrar todos los certificados emitidos en el país, mejorar la interoperabilidad entre jurisdicciones y facilitar el seguimiento de cada vehículo. Se prevé la incorporación de certificados digitales, que reemplazarán o complementarán las obleas físicas tradicionales.
A pesar de la apertura a más prestadores, el Gobierno aclaró que no se modifican las exigencias técnicas vinculadas a la seguridad vial. Los talleres deben contar con un Director Técnico responsable, equipamiento homologado (frenómetro, analizador de gases, etc.) y respetar los procedimientos de inspección establecidos por la normativa vigente. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se encargará de la fiscalización para evitar irregularidades.
Las tarifas quedarán liberadas, por lo que cada taller podrá establecer sus precios según la competencia del mercado. Esto representa un cambio respecto al esquema anterior, donde los valores estaban más regulados o concentrados en plantas oficiales.
Para millones de automovilistas en todo el país, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires y grandes ciudades, estos cambios significan más opciones cercanas y potencialmente menores tiempos de espera. Hasta ahora, la disponibilidad de turnos en plantas verificadoras generaba demoras y saturación, sobre todo al acercarse los vencimientos masivos.
En provincias como Buenos Aires, donde la VTV tiene fuerte implementación, las autoridades locales analizarán la adhesión o compatibilidad con el nuevo esquema nacional. Algunas jurisdicciones ya operan con sistemas propios, por lo que la transición podría ser gradual.
Los propietarios de vehículos deben verificar la fecha de vencimiento actual de su oblea y planificar la próxima inspección, según los nuevos plazos. Es recomendable consultar el estado del vehículo con anticipación en un taller mecánico de confianza, para evitar rechazos por fallas menores.
Una vez que más talleres se inscriban en el registro (el proceso ya está abierto), se espera un aumento gradual en la oferta. Los conductores podrán consultar la lista oficial de habilitados, a través de los canales del Ministerio de Transporte o la plataforma TAD.
Para vehículos importados o especiales, el nuevo esquema también amplía las posibilidades, ya que los importadores podrán realizar las inspecciones directamente.
La medida complementa modificaciones previas a la Ley Nacional de Tránsito y responde a reclamos de usuarios por mayor accesibilidad. Al mismo tiempo, mantiene el carácter obligatorio de la revisión para circular legalmente, con multas vigentes para quienes no cumplan los plazos.