El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, volvió a pedir por "la aplicación de la Ley de restricción de las excarcelaciones de todos los que tienen armas ilegales", norma que fue suspendida por la Justicia a raíz de un pedido de organismos de derechos humanos identificados con el kirchnerismo.
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Además, Casal se quejó porque los delincuentes "saben que sorprendidos con un arma o en grado de alguna tentativa y son liberados".
"Estamos peleando fuertemente por la aplicación de la ley de restricción de las excarcelaciones de todos los que tienen armas ilegales. Es inadmisible que una persona con un arma en la cintura pueda transitar junto a nosotros, que somos personas de paz, de buena fe", indicó.
Además, el titular de la cartera de Justicia y Seguridad de la provincia manifestó en declaraciones a la prensa que "es imposible construir una sociedad en paz con gente que anda armada por la calle y atenta contra la vida de cualquier ciudadano sin ningún tipo de miramiento".
Casal también se refirió a los hechos de inseguridad ocurridos en las últimas horas en la provincia, con la muerte del joven rugbier baleado en La Plata y el crimen de la adolescente en Junín.
"Se han colectado pruebas muy valiosas, fílmicas y testimoniales que indican que ya estarían identificado los agresores, aquellos que sin duda salvajemente le tiraron un tiro en la cabeza a Juán Pedro Tuculet", dijo sobre el primero de los casos.
En referencia al episodio ocurrido en la localidad bonaerense de Junín, Casal solicitó a los vecinos "diálogo y tranquilidad", luego de la pueblada que tuvo lugar este sábado por la noche frente de la dependencia policial 2da, donde rompieron vidrios e incendiarios varios autos.
"Junín es una población altamente sensibilizada y comprometida con los problemas de la ciudad", indicó.
Por su parte, el diputado provincial Guido Lorenzino también pidió por la entrada en vigencia de la ley que restringe las excarcelaciones ya sancionada por la Legislatura bonaerense, pero suspendida por la Suprema Corte de la provincia.
El máximo tribunal bonaerense dio lugar a una demandan de inconstitucionalidad presentada por varios organismos defensores de los derechos humanos, al considerar que la norma resulta contraria a derechos y garantías constitucionales, como el principio de inocencia.
Al respecto, Lorenzino expresó que siente "mucha bronca con la Comisión por la Memoria (de la provincia de Buenos Aires) y el Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales)".
"Tanto el Ejecutivo como el Legislativo sacamos una ley y hoy está trabada. La Comisión de la Memoria y el Cels siguen dedicándose a desprotegernos", indicó.
En declaraciones a Noticias Argentinas, el legislador explicó que "por una medida cautelar no se puede aplicar la ley", pero que espera que "rápidamente pueda entrar en vigencia".
"Argumentan que es inconstitucional, que le da más poder a la Policía y que vulnera el principio de inocencia. Nosotros la queremos aplicar para el reincidente", agregó.
