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"La toma es negar el valor de la palabra y creer que ya no sirve hablar", dijo la funcionaria e insistió en que las autoridades de la Ciudad "hablaron con 53 representantes de diferentes escuelas, estamos yendo a los colegios tomados y a otros, para dialogar con los rectores y sindicatos sobre la reforma", aunque sólo se reunirá con los estudiantes si cesan la ocupación.
"Las medidas y las acciones en la sociedad tienen consecuencia porque cada día perdido por toma se extiende en diciembre y acorta los plazos de exámenes", señaló Acuña en declaraciones a radio La Red. La funcionaria insistió además que "hay muchos adultos de partidos políticos que hacen campaña adentro de las escuelas pero les falta información en el tema".
"Nosotros lo que decimos es que hay que preparar a los chicos para después que terminen el secundario y para ello proponemos que en un cuatrimestre los chicos hagan practica del conocimiento", dijo Acuña en relación a uno de los puntos de la reforma más cuestionados por los alumnos de los colegios tomados.
"Estas prácticas pueden ser en instituciones gubernamentales o empresas, pero esto no es una pasantía ni un trabajo en contra turno. Los alumnos son acompañados por tutores, con un proyecto específico educativo", apuntó.
Acuña insistió en negar la existencia de un supuesto instructivo oficial que plantea a los directivos de los establecimientos realizar una denuncia penal en casos de tomas de colegios, como denunciaron los sindicatos docentes porteños.
"Lo que pasó en las tomas es que los rectores de las escuelas son responsables por los estudiantes y el edificio y cuando una toma se sucede se pierde el gobierno adulto de la institución, entonces el rector lo que hace es una presentación en la comisaría para que quede claro que no pueden hacerse cargo del patrimonio y da intervención al Consejo de los Derechos", explicó.
Pese a la negativa oficial, la jueza porteña Elena Liberatori ordenó ayer suspender la aplicación del instructivo y citó a Acuña para hoy a fin de notificarla sobre el alcance de la demanda promovida por los asesores tutelares de primera y segunda instancia de la Cámara de Apelaciones, Mabel López Oliva y Gustavo Moreno, respectivamente, promotores de la demanda.
En la reunión se hizo presente el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, quien reafirmó el compromiso de la institución para la resolución del conflicto. "Ahora más que nunca debemos profundizar el diálogo que es el único camino para acercar posiciones, nosotros reafirmamos y profundizamos nuestro compromiso para que la mediación que estamos llevando adelante sea el ámbito de diálogo que permita arribar a una solución. Porque la educación de nuestros hijos es un derecho y una responsabilidad del conjunto de la sociedad", dijo el Defensor del Pueblo.
Al mismo tiempo, Amor propuso "la conformación de un espacio de diálogo permanente sobre la reforma educativa, porque la educación está en cambio permanente y toda la comunidad educativa debe formar parte de esa transformación".
