Ayer 500 personas, con pasividad policial, desmantelaron monoblocks recién construidos por el FONAVI en el Bajo Flores o Se suma a la invasión en la Villa 31 pocos días atrás o Actúan con gran organización y hay dudas sobre quién las orienta o El temor del gobierno a movimientos del Estado para imponer orden que puedan ocasionarle algún deterioro político alienta estas desobediencias civiles crecientes o La Policía es mostrada alineada después de cada hecho y si los autores volvieran a repetirlos no intervendrían o La idea de falta de controles y autoridad generaliza la conflictividad a los más diversos estratos de la sociedad, desde escuelas, universidades, relaciones comerciales y laborales, servicios públicos, seguridad y retorno de secuestros, más robos de automotores y otros.
Aunque la Policía llegó tarde, un cerco de uniformados impidió que se extendieran los destrozos.
Un acto de vandalismo, que acrecienta la sensación de inseguridad en la Capital Federal, protagonizó ayer una organización de alrededor de 500 personas, que irrumpió en un edificio destinado a viviendas sociales, pronto a estrenarse, en la zona del Bajo Flores, pasada la medianoche del lunes. Hubo saqueo y ocupación de departamentos hasta que, finalmente, por la tarde se logró la desocupación, sin incidentes, pero también sin detenciones por la responsabilidad en los hechos.
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Algunas fuentes relacionaban anoche el episodio con disidencias entre dirigentes de las villas de emergencia de la Capital Federal, que tienen una Coordinadora, y también se buscaba una vinculación con otra usurpación que se cometió en octubre pasado y con el reciente desembarco de unas cuatrocientas personas en la Villa 31 de Retiro. Esos datos eran analizados por Jorge Telerman y sus colaboradores sin tener a ciencia cierta una respuesta relativa a la posibilidad del accionar de grupos políticos detrás de las maniobras.
Se deberá sumar la sensación de impunidad que vive el país, que ve por TV cómo se producen delitos como linchamientos (incendio de casasde presuntos culpables de delitos no juzgados) y otras alteraciones del orden que no tienen freno.
Los grupos llegaron a la madrugada de ayer en camionetas y con herramientas y palos (se habló también de armas), y se dispusieron a saquear 87 departamentos construidos en el marco del Plan Federal de Viviendas, por organismos de la Ciudad de Buenos Aires. Se llevaron calefones, cocinas, mesadas, puertas, inodoros, picaportes y otros elementos que hoy el fiscal Aldo de la Fuente, con personal policial y de las empresas constructoras, tratará de inventariar. Además, produjeron todo tipo de destrozos.
Pero, luego de eso, según coinciden las narraciones, otro grupo de personas que viven en la villa llamada Barrio Rivadavia, frente a los edificios, habría ocupado los departamentos, pero también se habría quedado en ellos parte del grupo que inicialmente cometió los saqueos.
Los departamentos son parte de un conjunto de edificios construidos por el Instituto de la Vivienda porteña. Ayer fueron usurpados 87 departamentos que iban a presentarse dentro de 20 días. Los destinatarios de esas viviendas son 87 familias de otra villa, lindera con el complejo habitacional, denominada 1-11-14, pero se atribuyó la ocupación a moradores del Barrio Rivadavia.
Los usurpadores admitieron su pertenencia al Barrio Rivadavia y designaron un delegado (que no es de la villa, según se informó) para que hoy converse con funcionarios del Gobierno porteño y les prometan una solución a la demanda de vivienda (ver nota aparte).
El saqueo ocurrió en los departamentos de siete de las 24 torres de un complejo de edificios en el barrio de Flores, algunos de los cuales, incluso, se encuentran ocupados anticipadamente por sus adjudicatarios (unas 160 viviendas). Los hechos violentos ocurrieron en dos manzanas del barrio construido a la altura de la calle Esteban Bonorino al 1800.
Alerta
El Gobierno porteño había tenido una alerta la noche del lunes, cuando un grupo reducido de familias con niños intentó ingresar a los edificios, pero la poca custodia privada de las empresas constructoras y personal policial evitaron el episodio. Finalmente, se atribuyó a que la custodia fue desbordada por la situación y no pudo impedir la irrupción de centenares de personas que luego se llevaron en camiones el producto de sus saqueos.
Los ministros porteños Gabriela Cerruti (Derechos Humanos) y Juan Pablo Schiavi (Obras Públicas) se presentaron con colaboradores del Gobierno porteño en el lugar, donde permanecieron varias horas: «Uno cree que lo ocurrido es un problema de seguridad y yo digo que es un problema de desesperación», ensayó Cerruti, echando mano de una metáfora poco útil.
Schiavi, por su parte, intentó mejorar la frase: «No queremos que este problema se convierta en un conflicto de pobres contra pobres», pero advirtió que el gobierno «no tolerará la usurpación».
«La Ciudad tiene un déficit habitacional muy grande, con más de 130.000 personas que viven en villas», admitió el funcionario.
Hoy, autoridades del Institutode la Vivienda recibirán a un grupo de delegados de los usurpadores; con esa promesa se consiguió finalmente el desalojo.
En el lugar, antes de los incidentes se encontraban cumpliendo tareas de custodia efectivos de las comisarías 38ª y 50ª de la Policía Federal.
El caso está siendo investigado por personal de la Fiscalía Número 31 de la Capital Federal, pero al retirarse los intrusos no habrían sido identificados, excepto los que quedaron reclamando por una vivienda.
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