Una casa, departamento o hasta un edificio completo es usurpado cada nueve horas en la Ciudad de Buenos Aires por grupos de personas que se dedican a un "negocio" tan ilegal como millonario y ya son tenidos en cuenta como una "mafia" que ataca la propiedad privada.
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Las zonas más afectadas son los barrios de Belgrano, Núñez, Retiro, Constitución, Once y todo el caso histórico de la ciudad, es decir, el microcentro porteño.
El delito se produce en el marco de un intrincado sistema en donde intervienen grupos criminales organizados, personas de sectores vulnerables utilizadas para perpetrar los ilícitos y la ausencia de controles estrictos para evitar el flagelo.
El drama se traduce en reclamos concretos de porteños que fueron a la justicia y convirtieron el problema en expedientes judiciales, muchas veces sin encontrar una respuesta durante largos años.
El dato estadístico surge del Cuarto Informe de Conflictividad 'Las comunas y la inseguridad', elaborado por la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica, en torno a las denuncias ingresadas a las fiscalías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante 2011, año en que se hizo el estudio, se abrieron un total de 928 causas por usurpaciones en territorio porteño, es decir 2,5 por jornada, publicó este domingo el matutino Diario Popular.
Acerca del tema, el titular de la asociación Defendamos Buenos Aires, el abogado Javier Miglino, explicó que "este flagelo tiene una importancia mayúscula, y debería estar en la agenda del gobierno porteño como un tema excluyente, sin embargo hay cierta displicencia en el enfoque y los casos se acumulan sin demasiadas soluciones", agregando que "los propietarios damnificados están desguarnecidos, observando cómo pierden sus propiedades ante una mafia que opera con absoluta impunidad".
El letrado manifestó que "hay casos emblemáticos que estamos investigando, como un edificio entero sobre la calle Venezuela que está totalmente copado por las bandas de ocupantes, y sus departamentos son alquilados, por lo que se convierte en un negocio en el que ingresa muchísimo dinero".
Asimismo, contó que "hay otro caso que estamos investigando, con un local comercial en la calle Viamonte al 900, que cerró en la crisis de 2001, fue ocupado y desde un tiempo se realizan operaciones puertas adentro que nadie controla".
"Para nosotros, está claro que estas mafias actúan con protección, connivencia o desinterés de las instituciones públicas. Lo peor es que son organizaciones que se aprovechan de sectores vulnerables de la sociedad, con ciudadanos que son utilizados de carnada para avanzar en las ocupaciones, así tienen el argumento perfecto para evadir acciones judiciales de desalojo", explicó.
Precisó también que hay habitaciones que se alquilan por 2.000 o 2.500 pesos, a familias o personas que no tienen acceso a alquileres convencionales, legales.
Reveló que en reuniones, las autoridades porteñas dicen que no cuentan con los recursos necesarios para atacar el problema.
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