El 28% de los adolescentes argentinos privados de la libertad vivió en la calle

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Son datos de UNICEF en base a un estudio que realizó junto al CENEP. El 40% de los jóvenes manifestó haber sufrido maltrato por parte de las fuerzas de seguridad. Solo el 11% pudo hacer la denuncia.

UNICEF dio a conocer cifras alarmantes respecto a los adolescentes que actualmente se encuentran privados de su libertad. El 28% de los chicos que hoy están encerrados vivió en la calle. El 14% lo hizo en "hogares de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales" porque sufrió violencia y maltrato en su casa, abandono o abuso sexual, entre otros factores. Casi el 40% manifestó haber sido maltratado por las "fuerzas de seguridad" antes del encierro. Y 3 de cada 10 sufrió algún tipo de violencia en la institución. La mayoría, en tanto, no pudo realizar la denuncia.

"Las Voces de las y los Adolescentes Privados de Libertad en Argentina", el estudio que realizó la agencia de las Naciones Unidas junto al Centro de Estudios de Población (CENEP), tuvo como objetivo conocer y analizar la situación de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal. "Argentina tiene una deuda pendiente con los chicos privados de su libertad", sostuvo Ana De Mendoza, Representante Adjunta de UNICEF Argentina.



De acuerdo con el relevamiento realizado en el año 2015 por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en la Argentina había 7.178 adolescentes y jóvenes adultos (18 años y más) en conflicto con la ley penal; de los cuales 1.305 estaban en establecimientos de privación de libertad. Con 508 encuestados, el trabajo de UNICEF indagó al 40% de esos adolescentes. En total fueron relevados 22 centros cerrados.

La vocera aseguró que "las condiciones de hacinamiento son similares a condiciones que podrían calificarse como tortura", a la vez que denunció "falta de saneamiento y de oportunidades educativas".

La investigación indagó sobre las condiciones de vida en los centros y detectó, entre otras irregularidades, falta de acceso a tratamientos de salud, abusos en los regímenes disciplinarios, dificultades para mantener un contacto con el mundo exterior y situaciones de violencia. En cuanto a las condiciones edilicias, se constató ausencia de luz natural y ventilación, falta de calefacción, humedad en las paredes, pisos y materiales sueltos, roedores e insectos y espacios reducidos, principalmente en sitios de descanso, instalaciones sanitarias, patios y salones.



Los datos presentados por UNICEF indican que la privación de la libertad es una medida sancionatoria ineficaz para cumplir con los fines educativos y de reinserción social que debe tener toda sanción especializada para adolescentes. El sondeo determinó que para más de la mitad de los encuestados no se trataba de la primera vez en una institución de encierro (51,7%).

"Los que están privados de la libertad son un grupo invisibilizado. Se buscan adaptaciones del sistema penal de adultos, pero el abordaje con menores de edad debe ser distinto. El Estado tiene una responsabilidad indelegable con estos chicos, es una población de altísima vulnerabilidad", afirmó Hernán Monath, especialista en protección y acceso a la justicia de UNICEF.

Un punto crucial es el maltrato que estos jóvenes sufrieron antes de ingresar al centro cerrado. En ese sentido, la institución con mayores niveles de mención es la de las fuerzas de seguridad: 4 de cada 10 encuestados se sintieron alguna vez maltratados por algún policía, gendarme u otro agente.

Una vez adentro, el 30% se sintió maltratado (el 52% también por las fuerzas de seguridad). De todos ellos, sólo el 11% pudo denunciar estos hechos. En esa línea, De Mendoza mencionó que "el Estado no aprovecha para reparar cuando tiene a chicos en situación de encierro". Monath, por su parte, añadió que "la detención genera nuevas vulneraciones".



Respecto a la trayectoria educativa, los números tampoco son alentadores: sólo la mitad de los adolescentes encuestados iba a la escuela al momento de ser detenidos; 8 de cada 10 habían repetido por lo menos un grado; mismo porcentaje que había abandonado por un tiempo la escuela alguna vez antes de ingresar al centro cerrado.

En cuanto a drogas, ocho de cada diez consumió alguna vez marihuana, y la mitad probó cocaína alguna vez en su vida. En tanto, un 23% eligió la pasta base.

En el 71% de los casos los jóvenes afirmaron no tener conocimiento sobre el tiempo que van a permanecer en el centro cerrado. Esto, según el estudio, les genera incertidumbre, ansiedad y angustia. Como consecuencia, se dificulta la planificación de metas y actividades, así como la proyección a futuro de las relaciones de los jóvenes con sus pares en la institución, familiares y parejas.



Tanto De Mendoza como Monath coincidieron en la importancia de la designación del Defensor del Niño, vacante desde hace 13 años. "Es un rol importante para impulsar los roles de monitoreo. Puede tener una función clave para definir estas tareas", dijo el especialista en protección.

¿Qué quieren estos jóvenes a la hora de recuperar su libertad? Sus expectativas se centran en poder trabajar, estudiar y contar con la contención socioafectiva de la familia.

Recomendaciones de UNICEF

Fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los adolescentes.

Promover un sistema de justicia juvenil especializado.  

Impulsar medidas alternativas al encierro.

Crear y fortalecer mecanismos de supervisión y monitoreo independientes de centros de privación de libertad.

Reforzar los programas que acompañen el egreso y permitan el trabajo articulado con las familias.

Destinar recursos públicos suficientes y metodologías especializadas en el trabajo con adolescentes.

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