El nuevo monto, que podrá llegar a un mínimo de $5 millones según la relevancia del dato aportado, busca reactivar la búsqueda a más de tres décadas de la desaparición del estudiante de periodismo
El Gobierno bonaerense aumentó a entre $5 millones y $10 millones el monto para quienes aporten información clave que permita localizar los restos del estudiante de periodismo desaparecido en 1993 tras ser secuestrado y asesinado por policías.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires incrementó a un monto de entre 5 y 10 millones de pesos la recompensa ofrecida a quienes aporten información fehaciente para encontrar e individualizar el cuerpo de Miguel Bru, el estudiante de periodismo desaparecido el 17 de agosto de 1993, según se estableció mediante el Decreto 879/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial.
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La medida, firmada por el gobernador Axel Kicillof y refrendada por los ministros de Seguridad, Javier Alonso, y de Gobierno, Carlos Bianco, actualiza el ofrecimiento realizado originalmente en 1998 y 1999 por el entonces Ministerio de Justicia y Seguridad, que había sido incrementado en sucesivas oportunidades mediante el Decreto 240/05, la Resolución 160/17 del Ministerio de Seguridad y los Decretos 1256/20 y 1045/22.
Según el texto de la norma, la recompensa había sido ofrecida originalmente en 1998 y 1999 por el entonces Ministerio de Justicia y Seguridad, y fue actualizada en sucesivas oportunidades a través del Decreto 240/05, la Resolución 160/17 del Ministerio de Seguridad y los Decretos 1256/20 y 1045/22. Ahora, el nuevo decreto eleva ese monto a una suma de entre $5.000.000 y $10.000.000, que se definirá "de acuerdo con la naturaleza de la información que se brinde y el resultado que se logre".
El expediente que dio origen a la medida se tramitó en el ámbito del Ministerio de Seguridad y contó con el aval de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Departamento Judicial La Plata, que manifestó su interés en el incremento. También intervinieron la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas y la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal, ambas del Ministerio de Seguridad, además de la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos, la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado.
El decreto establece que quienes deseen aportar datos podrán hacerlo con reserva de identidad, presentándose ante los Fiscales de Cámara de los distintos departamentos judiciales de la provincia, ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 de La Plata o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas. La confidencialidad de la información y la reserva de identidad de los denunciantes están garantizadas por la norma, que además dispone que una copia del decreto se remita al Ministerio de Comunicación Pública para asegurar su difusión masiva a nivel nacional y local, particularmente en la ciudad de La Plata, donde ocurrieron los hechos.
Miguel Bru tenía 23 años y estudiaba periodismo cuando fue secuestrado, torturado y desaparecido por efectivos de la Policía bonaerense el 17 de agosto de 1993, luego de haber denunciado a integrantes de la Comisaría 9na de La Plata por un allanamiento ilegal en su vivienda. A partir de esa denuncia, comenzó a ser hostigado y amenazado para que la retirara. El joven fue interceptado cerca de la localidad de Bavio, en el partido de La Plata, y distintas pericias y testimonios de detenidos permitieron establecer que estuvo alojado en esa dependencia policial entre las 19 y las 20 de aquel día, franja horaria en la que fue visto con vida por última vez.
En 1999, un juicio oral y público condenó a prisión perpetua al ex subcomisario Walter Abrigo -fallecido en la cárcel- y al sargento Justo López por el homicidio y la desaparición del joven, mientras que el excomisario Domingo Ojeda y el exoficial Ramón Ceressetto fueron sentenciados por encubrimiento. Pese a esa condena, nunca se logró dar con el cuerpo, motivo por el cual cada 17 de agosto se realiza una vigilia frente a la ex comisaría 9na, en 5 y 59, con la participación de familiares, organismos de derechos humanos y referentes de la lucha contra la violencia institucional.