Un fiscal pidió que siete hombres sean juzgados por la "salidera" en la que fue baleada en julio último a Carolina Píparo, y en su escrito cuestionó al poder político y calificó como "estructura paquidérmica" al Congreso Nacional por la demora en adoptar medidas de seguridad bancaria.
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El fiscal platense, Marcelo Romero, solicitó que sean sometidos a juicio oral los siete acusados tanto por el dinero robado a la mujer embarazada, como también por la tentativa de homicidio de ella y el homicidio del bebé que llevaba en su vientre, llamado Isidro, quien nació y murió una semana después del ataque.
Los acusados son Luciano López (19); Carlos Moreno (19); Carlos Burgos (18) autor material del hecho; Juan Manuel Calvimonte (24); Miguel "Pimienta" Silva (42); Augusto Claramonte (44) y Carlos Jordán Juárez (45).
Los siete están acusados de "asociación ilícita, robo doblemente calificado en concurso real con homicidio triplemente calificado, por haber sido perpetrado con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, y criminis causa en grado de tentativa, en concurso ideal con homicidio triplemente calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa para asegurar el resultado del delito agravado".
El fiscal consideró que la muerte de Isidro Buzali, el bebé que gestaba Píparo y que nació por cesárea tras el ataque, fue un homicidio ya que el niño "tuvo vida extrauterina, actividad cardíaca propia, respiratoria y cerebral", y su fallecimiento fue "producto precisamente de las gravísimas lesiones originadas por la agresión inferida" (a su madre).
Además, pidió el sobreseimiento de Stella Maris Grizia (28), Jenifer López Leguina (18), concubinas de dos de los detenidos; y del cajero de la sucursal de Santander Río, Gerardo Pereda (50).
Romero, en la requisitoria de elevación a juicio de 85 fojas calificó al caso Píparo como "una profecía autocumplida frente a las innumerables salideras de las que los Poderes del Estado no tomaron debida nota".
"Las estadísticas y los mapas delictuales con los que tantos operadores están obsesionados no fueron lo suficientemente elocuentes, ilustrativos o relevantes para prever este hecho y actuar(...)Una vez más el Estado llegó tarde", afirmó el fiscal.
Romero aludió a la "abulia en materia de seguridad bancaria" y a "estructura paquidérmica" del Congreso de la Nación que sancionó las medidas de seguridad que, a partir de este caso, deben cumplir los bancos y que "como es de esperar, su operatividad está en veremos, basta con concurrir a cualquier banco..."
Para el fiscal, la responsabilidad "no debe detenerse en los autores materiales de este gravísimo hecho, deviene indispensable que cada funcionario con responsabilidad en el sistema penal del Estado realice su `examen de conciencia`" y ya no se cavile "con el `pudo haber sido´ y enderecemos nuestro cometido al respeto a nuestros mayores, la protección de los indefensos y la solidaridad entre iguales".
Carolina Píparo fue baleada el 29 de julio cuando con su madre, María Ema, fue a retirar dinero a la sucursal del Banco Santander Río de 7 y 42, en La Plata.
Tras la diligencia, madre e hija regresaron a la casa de la primera, en las calles 21 y 36, y en la puerta fueron interceptadas por dos delincuentes que bajaron de una moto y la balearon a pesar de que ya tenían su dinero.
La mujer fue sometida a una cesárea de urgencia de la que nació Isidro, quien murió una semana después. En su requisitoria de elevación a juicio, el fiscal Romero sostuvo que los siete hombres "componían una asociación ilícita destinada a cometer delitos".
"La banda presentaba una consolidada organización con división de roles y funciones predelictivas (diagramación, inteligencia, logística, etc.) durante su iter criminal, siendo su ámbito de actuación distintas zonas del partido de La Plata", detalló.
Además, agregó que "como resultado de esa ilícita actividad se materializaron los eventos en los que resultara víctima Carolina Píparo y su hijo Isidro Buzali". Precisó que Carolina, a pesar de que entregó a los delincuentes el dinero que acababa de extraer de la entidad, fue sacada por la fuerza del auto "a los tirones, la arrojó al piso y golpeó".
Destacó "la franca situación de minusvalía e inferioridad" de la mujer con su avanzado estado de gravidez a pesar de lo cual el ladrón le efectuó "un disparo con el arma que portaba (y con la que ya la había golpeado en su cabeza) que impactó en su cuerpo". En el pedido de elevación a juicio, el fiscal incluyó otras dos salideras que se le imputan a la banda.
La primera de ellas es un hecho ocurrido el 23 de julio del año pasado, cuando fue asaltada una mujer identificada como Beatriz Espinosa, a quien le robaron unos 5.000 pesos que acababa de retirar de un Banco Galicia de La Plata; y otro hecho ocurrido el 26 de julio, cuando robaron a Carmen García unos 7.000 pesos que habían extraído de una sucursal del Banco Provincia.
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