El juez Ernesto Kreplak resolvió extender la medida por ser “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” que resultó en la muerte de 90 personas. Familiares de las víctimas destacaron la tarea del magistrado y cuestionaron la falta de voluntad política para evitar una nueva tragedia.
Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios y principal apuntado por la Justicia en la causa por fentanilo contaminado.
A un año de iniciarse la causa por el fentanilo contaminado, la Justicia amplió este miércoles el procesamiento con prisión preventiva del empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., en la causa que investiga 90 muertes. Familiares de víctimas destacaron el rol del juez en la investigación y criticaron la falta de voluntad política para que la tragedia no se repita.
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El escrito del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, sindica a García Furfaro como “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” que resultó en la muerte de, al menos, 70 personas así como en las lesiones gravísimas de dos personas y graves de otras 41 “en concurso ideal con el delito de lesiones leves de, al menos, una persona, también en calidad de coautor".
"Estas víctimas se agregan a las 20 fatales que ya fueran atribuidas al resolver el procesamiento en el mes de septiembre de 2025", informaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes con acceso a la investigación que lleva adelante el juez Kreplak.
La Justicia resolvió sostener la inhibición general de bienes y el embargo contra el empresario. También extendió el procesamiento con prisión preventiva y las mismas medidas para Diego Hernán García, hermano del dueño de los laboratorios.
Nilda Furfaro, señalada como partícipe necesaria por el mismo ilícito, continuará detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario, pautas que también se replicarán para José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, Javier Tchukran, Adriana Iúdica, Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Sclafani, María Victoría García y Wilson Daniel Pons.
"La causa comprende 13 personas procesadas, 90 víctimas fatales, 44 víctimas no fatales, 42 querellantes además del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, el expediente cuenta con más de 400 legajos e incidentes en trámite, lo que arroja un aproximado de 600 cuerpos, sin contar las históricas clínicas analizadas", informaron fuentes a la agencia NA.
Se estima que se distribuyeron en el país más de 300 mil ampollas de fentanilo de la empresa HLB Pharma y de acuerdo a la información oficial, se lograron recuperar todos los lotes infectados.
La investigación estableció que las 154.530 ampollas del lote 31202 fueron adquiridas por 51 establecimientos públicos y privados de salud de cinco jurisdicciones diferentes del país: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Formosa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Justicia permitió recuperar 64.003 y establecer que alrededor de 40.473 ampollas adulteradas habrían sido efectivamente administradas.
Asimismo, el lote 31244 estaba conformado por 151.430 ampollas, de las cuales se recuperaron 121.233, logrando establecer finalmente que no hubo administración intrahospitalaria de ese lote.
Todo ello se agravó debido a que gran parte de los registros hospitalarios se encontraban en formularios físicos obsoletos e historias clínicas incompletas, fragmentadas y mayormente no digitalizadas. No solo las . Debido a ello, la justicia tuvo que adoptar medidas coercitivas para obtener información y avanzar en la reconstrucción de los hechos.
Al cumplirse un año del inicio de la causa, familiares de víctimas publicaron un comunicado en el que cuestionan las debilidades sanitarias "con controles insuficientes", autoridades que "presentaron reticencias y aportaron información escasa", hospitales que "demoraron o dificultaron la entrega de documentación clave" y enormes dificultades de parte del sistema "para reaccionar coordinadamente frente a una emergencia epidemiológica de alcance nacional".
Además, destacaron el rol de la Justicia, y en particular de Kreplak, quien debió "reconstruir con precisión" la cantidad y localización de las ampollas de adulteradas, determinar el número real de víctimas afectadas y establecer las causas de la adulteración. "No solo debió identificar los establecimientos de salud que habían adquirido el medicamento, sino también determinar a qué pacientes se les había administrado", destacaron.
"A un año del inicio del expediente, la investigación continúa avanzando y promete respuestas judiciales frente a una de las crisis sanitarias más graves de los últimos tiempos", señalaron, pero advirtieron también que queda abierta "una discusión urgente sobre el futuro del sistema sanitario argentino, sus mecanismos de control y la verdadera voluntad política para evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse".