La Justicia porteña frenó el proceso de licitación que impulsaba el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad para la obra y administración del túnel bajo la Avenida 9 de Julio al hacer lugar de un amparo presentado por legisladores de la oposición.
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La medida fue determinada por el juez en el Contencioso Administrativo y Tributario 13, Guillermo Scheibler, en respuesta a la presentación de los legisladores del bloque de Diálogo por Buenos Aires Eduardo Epszteyn y Aníbal Ibarra y el titular de la banca de Igualdad Social, Martín Hourest.
Asimismo, la solicitud también fue acompañada por la titular del INADI y legisladora electa, María José Lubertino, y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.
La resolución del magistrado de la Ciudad concede la medida cautelar solicitada por los diputados para que se anule el proceso de licitación pública que elevó la cartera porteña, a través de AUSA, la empresa del Estado porteño.
El proceso apuntaba a la ejecución de la obra bajo la Avenida 9 de Julio, la cual fue considerada por los legisladores como "violatoria de las normas de gestión ambiental ya que se desatienden los problemas de tránsito y contaminación ambiental".
Para Epszteyn, "la resolución de encomendar a AUSA la construcción y mantenimiento de la obra de los túneles manifiestamente extralimita las autorizaciones legislativas otorgadas".
Lubertino celebró la decisión del juez porque aporta "argumentos para pedir que se termine con la dinámica que se ha constituido en la lógica del Gobierno de la Ciudad: la filosofía de la empresa privada en el espacio público".
Ibarra aseguró que "el proceso de licitación es absolutamente ilegal, porque AUSA sólo puede hacer obras sobre las vías que tiene bajo su concesión y nunca se la autorizó a realizar obra alguna bajo la avenida 9 de Julio".
En el mismo sentido, Hourest señaló que "a Mauricio Macri no le importa ni la justicia ni la Legislatura, no las tiene entre sus prioridades".
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