El gobierno admitió ayer que la desaparición de 2.820 kilos de explosivos de una planta militar de la ciudad de Azul es de una «importancia superlativa». Hasta anoche, no se registraron novedades en el caso, que ya fue elevado al juzgado de Azul.
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Según indicó el secretario de Seguridad Interior, Norberto Quantín, no hubo «adelantos» en la investigación.
El juez que investiga el caso, Ricardo Francisco Somoza, dijo que «la causa tiene su trascendencia porque con 400 kilos del mismo explosivo se hizo volar la AMIA, y tenemos muy frescos los antecedentes de los atentados terroristas en Madrid». Los investigadores del caso intentan determinar si los 2.820 kilos de explosivos fueron robados o si existió algún error administrativo en la venta a un cliente. Quantín aseguró que el explosivo desaparecido «es un material que se degrada rápidamente y que necesita de un detonador para ser utilizado».
El caso es investigado por el juez federal Juan José Comparato, quien actualmente se encuentra de licencia y es subrogado por el juez Somoza. Además, interviene la Delegación Azul de la Policía Federal. Para Quantín, «no está la seguridad de que haya ocurrido un robo (de los explosivos), pudo haber habido un mal balance de las cosas». Somoza explicó que «no se descarta ninguna hipótesis. Es una mercadería que se encuentra en un depósito y puede haber un error en cuanto al stock».
El hecho «tiene una importancia superlativa, a la que el gobierno le ha dado su justa medida», aseguró ayer el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien admitió que «la obligación del Estado es trabajar en la investigación de tal manera de poder recuperarlos» ya que «en manos de cualquiera pueden ser un dolor de cabeza muy grande».
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