Gobierno deberá pagar a vecina por daños del temporal de 2001

El Gobierno porteño deberá indemnizar a una mujer cuya vivienda del barrio porteño de Villa Devoto sufrió daños en enero del 2001 como consecuencia de una inundación tras un fuerte temporal.

La Sala B de la Cámara Civil dispuso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá pagarle 6.926 pesos más intereses a Angela Mirta Mejías por los daños que padeció en su vivienda a raíz del temporal del 24 de enero del 2001.

"No nos hallamos ante situaciones aisladas sino, por el contrario, frente a hechos que se vienen sucediendo, como mínimo, desde el año 1985, lo que sin duda da cuenta de la entidad del incumplimiento incurrido", criticaron los magistrados a través del fallo.

Los jueces aseguraron que "ante la repetición de situaciones como esta, ninguna medida ha tomado -el Gobierno- tendiente a evitar o al menos disminuir que gran parte del territorio que se encuentra bajo su órbita sucumba bajo el agua, con los efectos nocivos que provocan tales fenómenos".

"La responsabilidad del Gobierno porteño encuentra su fundamento en la demostrada omisión de llevar a cabo las tareas necesarias para evitar que fenómenos meteorológicos como éste desembocaran en hechos que dan motivo al presente proceso", señalaron los camaristas.

El hecho ocurrió cuando el 24 de enero de ese año, una fuerte inundación, con 29 millones de litros de agua caídos, hizo que la vivienda de Mejías, ubicada en Gabriela Mistral 4176, fuera invadida en todas sus habitaciones.

En su reclamo, la mujer pretendía una remuneración de 28 mil pesos, de los cuales 6 mil serían para poder reponer aquellos muebles que el agua le destruyó.

Si bien en primera instancia el reclamo no prosperó, ahora los jueces de la Sala B convalidaron los daños que padeció la mujer, los cuales tienen que ser reparados por el Estado.

Los jueces tuvieron en cuenta un informe de la entonces Defensora del Pueblo porteña Alicia Olivera sobre que "la deficiente actividad estatal en todo lo referido a la planificación hídrica de la Capital Federal, con lo cual se colocó en un estado de indefensión a los grandes grupos humanos damnificados".

"La responsabilidad del Gobierno luce patente al no haber observado la obligación que le incumbía de controlar que los sumideros se desempeñaran como óptimos conductores de la red fluvial, ya que se vieron sobrepasados en su capacidad de absorción y conducción", concluyeron los jueces Mauricio Luís Mizrahi, Gerónimo Sansó y Claudio Ramos Feijoo.

Sin embargo, los jueces redujeron la indemnización a 5.426 pesos por los daños ocasionados a la vivienda, y a 1.500 pesos para compensar la pérdida de los muebles del interior.

Es que los daños reclamados por la mujer habían sido en base a un informe pericial elaborado por un primo de ella, lo cual "morigera el valor probatorio de sus dichos", según los jueces.