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"No me parece que sirva de mucho", opinó el funcionario sobre este proyecto de ley que propone un registro de violadores, un seguimiento de su paradero por el mismo tiempo que duró la pena y una base de datos genéticos de victimarios para ser comparada cuando aparezcan nuevas violaciones.
Fernández admitió, en ese sentido, que lo "preocupa" la posible creación de tal nómina para los abusadores sexuales, porque "muchas veces aparece como una pena extra, que tiene más contenido inflamante que de sanción real".
"Las penas inflamantes la Constitución las prohíbe. No me parece que sirva de mucho", apuntó el jefe de Gabinete.
Se quejó de la creación del registro porque dijo estar en contra de "correr detrás de las noticias para combatir el delito".
"Al delito se lo combate con leyes claras y con jueces que las apliquen, y con racionalidad jurídica. La racionalidad jurídica indica a veces que ciertos hechos no permiten que automáticamente se apliquen criterios de libertad condicional", sentenció.
El proyecto que se encuentra en Diputados se basa en la "ley Megan", de Estados Unidos, que a partir de un caso de reincidencia de un violador en libertad creó un registro público.
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