Justicias provinciales: teletrabajo a la espera de la nube

Antes del aislamiento, en todo el país había 1.662 terminales de trabajo remoto habilitadas en la Justicia. Pero en los primeros 6 días de cuarentena, la cifra trepó a 8.424.

Si la nube federal de Justicia hubiera estado lista en marzo, no habría sido necesario establecer feria judicial en las provincias.

Si la nube federal de Justicia hubiera estado lista en marzo, no habría sido necesario establecer feria judicial en las provincias.

Qué lindo sería cerrar los ojos e imaginar que hay algún ángel para esta soledad que trae el confinamiento. “Ya sufriste cosas mejores que esta; y vas a andar esta ruta hoy, cuando anochezca”, canta Solari en uno de los temas más bonitos del rock. Permitámonos creer que se lo escribió a Argentina, y agarremos la ruta.

Conversar a distancia con hombres y mujeres de los puntos más lejanos de esta enorme superficie austral, y enterarnos de que intentan sobreponerse a las dificultades de siempre, más las de esta pandemia, es viajar un poco. Mitad para saltar el perímetro de casa, mitad para recuperar la fe en los que no bajan los brazos.

La Justicia argentina es federal, lo que significa que cada provincia tiene sus propios jueces y organismos. Pero fruto de nuestra consabida asimetría, entre los puntos cardinales las realidades cambian como la geografía: está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, opulenta y desarrollada, y está el interior; y luego, el interior del interior.

En este contexto, el Covid-19 desafía a cada funcionario público a repensar su forma de trabajar, sobre todo cuando se trata de brindar un servicio esencial para la democracia, como la Justicia.

“Por la situación actual, que vemos que se va a extender un tiempo largo, hay que digitalizar para poder trabajar remoto, pero también habrá que extender horario para que las mesas de entrada de los juzgados nunca se llenen de gente” advierte Mario Adaro, director del Instituto Federal de Tecnología y Justicia y juez de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza.

En definitiva, más allá de obstáculos propios del tratamiento jurídico de la información, toda la Justicia trabaja con argumentos orales o escritos, lo que alienta a incorporar tecnología digital en cualquier parte de los procesos cotidianos.

Por caso, hoy las audiencias virtuales se implementan en casi todo el país. Chubut, de hecho, aparece en Remote Court Wordlwide - del inglés original, Red Mundial de Cortes Remotas- una web que recopila experiencias de trabajo remoto de jueces de todo el mundo. Allí se describe una audiencia de control de detención, en la que el imputado participó desde la comisaría, y pudo dialogar con el juez Penal Jorge Novarino y el Defensor Público Marcelo Catalano, todos en la ciudad de Sarmiento, al sur de la provincia.

Esta operatoria es posible mediante el uso de Kenos, un software especialmente diseñado para el poder judicial. Ese programa, que también usan Tucumán y San Juan, permite grabar audiencias en mp3, y sincroniza información con cualquier sistema de gestión que la repartición utilice.

En Mendoza también se usa ese software. Pero, además, la Corte Suprema trabaja habitualmente en conjunto con cátedras de la UTN, y calendarizaron en forma digital el sistema de turnos y audiencias, además de diseñar una mesa de entradas y recepción de expedientes informatizados. “El expediente digital es fabuloso pero hay que complementarlo con la firma digital de los abogados. Allí hay algunas controversias, pero sin ese paso no podemos dejar atrás el papel” explica Adaro.

Por su parte, Ariel Coll, juez del Supremo Tribunal de Justicia de Formosa, enfatiza: “de esta pandemia todos vamos a salir diferentes. El mundo no va a ser como antes, y quienes trabajamos en la Justicia tenemos que buscar nuevas formas de resolverle problemas a la gente”.

Allí, en el límite norte del país, los técnicos informáticos estatales trabajan en el desarrollo de un sistema que permita presentar escritos en forma remota. “Con la firma digital, que aquí ya está implementada, más este sistema que estamos diseñando en código abierto, pretendemos que no haya más aglomeración en los juzgados. Hay que reconocer que los abogados somos un poco conservadores en nuestra forma de trabajar. Pero en el escenario actual, tenemos que flexibilizar algunas costumbres” agrega Coll.

Vayamos a la Patagonia. En Santa Cruz, los tribunales de Comodoro Rivadavia realizaron, durante el primer fin de semana de abril, un total de 8 audiencias, utilizando el sistema informático de videoconferencia WebEx, de Cisco. Este servicio abastece alrededor del 30% de las necesidades del poder judicial federal, mientras que Fortinet, otro software con código propietario, es el que brinda capacidad de trabajo digital a otro 30%, incluyendo la Corte Suprema de Justicia bonaerense.

Pero más al sur, en Tierra del Fuego, lo digital cobra mayor relevancia, considerando que se trata de una isla con la capital más austral del mundo. “Las mediaciones a distancia se implementan al 100% de los casos”, afirma María del Carmen Battaini, jueza de esa provincia y presidenta de la Junta Federal de Cortes y Supremos Tribunales de Justicia (JUFEJUS).

Mientras que los fueros civil y laboral presentan algunas facilidades para trabajar remoto, en lo penal no es tan sencillo. Sin embargo, Battaini subraya que allí se intenta que las visitas a personas privadas de libertad se hagan vía digital, e incluso se aplican protocolos especiales para el trabajo de médicos forenses, cuya tarea no puede realizarse vía remota.

Los números del teletrabajo y la pandemia en el poder judicial

La escala de transformación que el coronavirus impone se observa mejor con números. Según un relevamiento realizado por el Instituto Federal de Tecnología y Justicia, antes del aislamiento social impuesto por el gobierno, en todo el país había 1.662 terminales de trabajo remoto habilitadas.

Pero en los primeros 6 días de cuarentena, la cifra trepó a 8.424. Significa que la cantidad de efectores judiciales (jueces, secretarios, auxiliares) que hoy trabajan ingresando a la intranet de sus oficinas desde sus casas, se quintuplicó.

A su vez, hay casos totalmente excepcionales en materia de informatización. San Luis se encuentra entre las provincias que más digitalizan las tareas, dado que allí se abandonó completamente el expediente en papel desde hace más de un lustro.

“En los últimos 6 días en Mendoza recibimos 1200 escritos por la mesa de entradas digital” -ilustra Adaro, y agrega- la mitad de las causas iniciadas son del fuero laboral. Eso es un indicio de que la crisis económica va a pegar fuerte por el lado de los despidos”. El COVID-19 se parece a una tenaza que aprieta por el lado de la salud y por el del bolsillo; imposible elegir qué lado es peor.

Los más y los menos de la Justicia federal

Dentro de lo disímil del servicio de justicia argentino, apenas se formalizó la cuarentena, algunas provincias adoptaron el régimen de trabajo acotado propio de la feria judicial, tal como lo hicieron los tribunales federales a partir de que lo comunicara la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Formosa es un caso, lo mismo que Jujuy, Chaco y Salta, entre otras. Esa decisión responde a los escasos recursos con los que varias provincias cuentan en materia de tecnología, más allá de que, pegado al Pilcomayo, Coll destaca el esfuerzo de los formoseños por dar respuesta a los casos urgentes.

Cabe aclarar que la feria judicial se decretó el 20 de marzo en el orden nacional (hay tribunales nacionales en cada provincia, porque ciertos temas quedan fuera del alcance de las justicias provinciales) y llegando al primer tercio de abril algunos representantes del Consejo de la Magistratura comienzan a aconsejar que se restablezca el servicio.

La contracara de este parate es el modo en que, según el misionero Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), se garantizó en cada provincia una guardia mínima “considerando que, por ejemplo, cuando se decretó el aislamiento había procesos en los que se libraban pagos por alimentos en juicios de familia, o indemnizaciones en casos de despidos, o reparación de daños, y esos eran prioritarios”.

Siguiendo ese hilo, Ricardo Li Rossi, miembro de la Cámara Nacional de Apelaciones, de larga trayectoria en educación judicial, define dos planos de análisis: “no hay dudas de que, en una situación tan excepcional, tenemos que encontrar soluciones prácticas a problemas prácticos, como el cobro de un cheque; allí hay que valerse de la tecnología para salir del paso. Pero luego, hay que despejar lo urgente de lo importante, planificar, ver en qué nos venimos equivocando, y dar el ansiado salto tecnológico en la Justicia, de forma inteligente, previniendo inequidades”.

Un salto a la nube

Suena sensato Li Rossi. Si bien aprovechar la pandemia para apurar procesos que vienen demorados puede ser una jugada hábil, lo cierto es que aplicar digitalización a las apuradas, en un contexto adverso en general, no es lo que ningún experto en tecnología de la información aconseja.

Sin embargo, y aunque cueste creerlo, hay un proyecto ya iniciado y a medio camino, ambicioso y único en el mundo, que, de concretarse, pondría en pie de igualdad tecnológica a todas las provincias argentinas: la nube federal de justicia.

En septiembre pasado, el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, firmó un convenio con ARSAT por el que el Estado nacional se comprometió a invertir 40 millones de pesos para generar el primer sistema informático judicial, federal, descentralizado y colaborativo del mundo. Una idea que fue diseñada con código abierto junto con Red Hat, empresa global líder en esa tecnología, que hoy es el mayor proveedor de software del Estado nacional.

En mayo de 2019 se presentó el proyecto a Garavano, intentando planificar la adopción de herramientas jurídicas digitales bien a tono con los tiempos que corren. La computación en la nube es, hoy día, la alternativa por excelencia en sistemas de gestión flexibles y escalables.

“Aún los países que eliminaron expedientes y administración en papel por completo, tienen grandes problemas para trabajar entre jurisdicciones. Una provincia usa un software, la otra no; algunas compran programas, otras los crean y otras no tienen nada. Generalmente no pueden trabajar en forma colaborativa, tienen que adaptar tecnologías, y emparchan. Nosotros tenemos encaminado este desarrollo que hace que en cualquier lugar de Argentina se pueda usar la misma tecnología, y la podamos mejorar y compartir sin pagar patente” explica Adaro.

En diciembre pasado la Nación giró 18 millones a las provincias, con lo que garantizó infraestructura virtual por 7 años. Pero para terminar el proyecto y ponerlo a funcionar, falta el resto de la inversión. “Que sea abierto y colaborativo, 100% open source, permite que las comunidades de desarrolladores de todo el país mejoren cada herramienta y esa mejora la aprovechen en el resto”, explica José Luis Leturia, representante de la empresa para América Latina.

En el mundo, no hay otro caso igual. Poner al alcance de cualquier empleado judicial del país un conjunto de programas y repositorios de información, por ejemplo, un molde ajustable de expediente digital, y que se ejecute en cualquier computadora estándar, sólo con acceso a internet, sería inyectar a la justicia federal (que absorbe casi el 90% de las causas argentinas) una dosis de igualdad de la que hoy carece.

En concreto: si la nube federal de Justicia hubiera estado lista en marzo, no habría sido necesario establecer feria judicial en las provincias.

Ni hablar de que, en Justicia, digitalizar ayuda a la transparencia, porque toda acción virtual deja huella. Permitir la auditoría y el control ciudadano con datos abiertos de un sistema judicial informatizado, sería mostrar nuevos aires en un sector cuestionado por la opinión pública.

La crisis no es escenario apropiado para pegar volantazos, pero sí para cosechar lo que se viene sembrando. Sean uvas, arándanos, yerba mate o Justicia.

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